Opinión
Para lograr la tan mentada “soberanía alimentaria”
Por Fernando Poggio, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos Chivilcoy
La firme decisión del gobierno nacional de establecer por decreto la intervención de la empresa Vicentín, junto con el anuncio de la futura presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para su expropiación, se transformó en una de las acciones más emblemáticas y trascendentales de las últimas décadas, porque pondrá a la Argentina en el camino de la soberanía alimentaria, el cuidado de los recursos públicos frente a la especulación y fuga de divisas, y la de ser un actor central en la regulación de un mercado dominado por compañías transnacionales que operaron hasta ahora bajo la ley del más fuerte.
Alberto Fernández ha demostrado firmeza y convicción ante los distintos escenarios más adversos que se le han presentado, algunos conocidos desde antes de asumir y otros, como la pandemia, sin posibilidad de preverlos.
Con la llegada del Covid19, el gobierno actuó de manera tal que evitó hasta hoy, miles de muertos en la Argentina, y su accionar es destacado y puesto de ejemplo en el mundo. Y en los últimos días decidió la intervención y posterior expropiación, facultad que está consagrada en nuestra Constitución Nacional y “liberal”, para evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo o la extranjerización de una empresa nacional agroalimentaria clave en el sector de la producción y exportación de cereales y alimentos.
En febrero, esta empresa había solicitado el concurso preventivo, tenía innumerables pedidos de quiebra. Previamente, había sido beneficiaria de créditos multimillonarios por parte del Estado Nacional otorgados por el gobierno anterior que a priori se sabían incobrables.
Es fácil caer en la tentación de contestar los cuestionamientos a la intervención y expropiación esgrimidos por los defensores del salvaje endeudamiento externo para sostener el saqueo de las arcas del Estado a través de la fuga de dólares, tal como se perpetró en el gobierno de Mauricio Macri, pero lo que verdaderamente importa hoy es poder explicar qué facultades tiene hoy el gobierno nacional para poder avanzar en esta dirección y cuáles son sus beneficios.
Lo más importante es remarcar que la ley ampara esta decisión política en resguardo de la producción alimentaria tan importante en estos tiempos de pandemia ante la posibilidad concreta de que está empresa desaparezca y deje de producir.
El artículo 17 de la Constitución Nacional dice que la propiedad privada es inviolable y que ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, pero también agrega que hay casos excepcionales por causa de utilidad pública, que debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Por ende, ese interés público debe ser declarado en la ley de expropiación para lo cual necesita la mayoría simple del Congreso para su aprobación. Asimismo, la ley establece los mecanismos y las características de dicho acto.
Avanzar en este sentido y en este caso particular, le brindaría a la Nación, no ya sólo a un gobierno, la posibilidad de mejorar la capacidad del Estado de intervenir en dos áreas muy sensibles, como son el acceso a las divisas y el abastecimiento de comida, y podría atenuar o directamente anular las distorsiones del sector privado, regular la provisión interna de alimentos y las permanentes fluctuaciones de precios, tal como señala David Cufré en Página 12.
Es una decisión política audaz pero clave para el futuro de los millones de argentinos y argentinas y para lograr esa tan mentada “soberanía alimentaria”, que había quedado en el arcón de las definiciones utilizadas para defender los proyectos nacionales pero que pocas veces buscaron concretarse.
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