Se dan por estos días en nuestra Argentina debates impensables y virtuosos.

En un clima plagado de conflictos y quejas, con asideros, razones y legitimidades diversas, el gobierno promueve discusiones que remueven vigas de nuestro edificio de creencias y costumbres.

El debate sobre la legalización del aborto, borrado de la agenda pública, por décadas de insensibilidad y cerrazón, significa un avance. Seguramente la evolución social irá poniendo el tema en el campo de la salud pública y, respetando creencias y cuestiones de fe progresando en la dirección correcta.

Las tarifas también fue un tema eludido durante doce años de “jolgorio” y despilfarro al costo de “nada más” que 150000 millones de dolares (tres presupuestos de la provincia de Bs. As.). También hubo cobardía, hay que recordar cuando la ex Presidente hablo de la “sintonía Fina” y retrocedió ante los primeros gritos.

Hoy después de haber firmado el pacto fiscal del 2017, realizado las audiencias públicas correspondientes y habiéndose aprobado el presupuesto la adecuación de tarifas, genera reacciones negativas.

Voy a clasificar arbitrariamente estas reacciones: a) los dirigentes que, habiendo participado de los eventos y discusiones referidos,  preñados de oportunismos levantan barricadas con discursos incendiarios; b) quienes habiendo recibido facturas que impactan fuerte en sus ingresos reclaman y c) quienes pudiendo pagar lo que consumen se suman al reclamo.

Los primeros deberán afrontar por primera vez un debate que, más  allá de sus resultados promete poner las cosas en su lugar.

Se termina esto de delegar todo el costo fiscal y político en el otro. Ahora los gobernadores y los intendentes, de todos los colores, deben sincerar las cargas impositivas, impuestos y tasas, sobre los consumos de servicios públicos como carga “oculta” en las facturas de los mismos.

Son muchas las provincias que cargan impuestos y tasas “ocultas” en las facturas de servicios.

Muchos  municipios cargan tasas inverosímiles ocultándose en las “tarifas altas”, sin siquiera dar la cara.

Todos cobran la tasa de alumbrado en la factura de cada usuario, lo que les permite tener una cobrabilidad óptima sin asumir el “costo político” frente a sus vecinos ( en este caso lo podría seguir facturando la prestadora de servicio pero en factura separada)

 A los segundos de la lista hay que tratar de ayudar por todos los medios posibles, hay ahí usuarios residenciales, comercios y empresas con dificultades.

 Los terceros no requieren mucha atención, deben hacer un “esfuerzo” que ni siquiera puede clasificarse de solidario, incluso serán alcanzados por los beneficios de financiación y reducciones.

Por último, este debate nos interpela   para cambiar hábitos de consumo (ejemplos; mudarnos a lámparas LED, aprovechar la luz solar, calefaccionar razonablemente,  apagar los pilotos de las estufas) en favor de nuestras finanzas y del interés general