Agroecología / Por Ezequiel Caselles
“Resulta imperioso preservar las tierras de cercanías a áreas urbanas”
El arquitecto Luciano Dicroce se refirió a un proyecto de zona de exclusión para la fumigación con agrotóxicos, que obtuvo un premio en la Convocatoria del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.Entrevistamos al Dr. Arq. Luciano Dicroce quien, con su equipo de trabajo, ha realizado una investigación en torno a las zonas de exclusión y amortiguamiento (ZEA) de las aplicaciones de agroquímicos en el Partido de Chivilcoy.
Este trabajo ha obtenido el segundo premio en la categoría “Proyecto de Intervención Territorial” en la Convocatoria del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.
El Dr. Arq. Luciano Dicroce quiere reconocer a quienes colaboraron en este trabajo: los Arq. Pablo Ibarra, Arq. Jorge M. Fasce y la Arq. María Victoria Barros y recordar que el mismo fue puesto a disposición de la Mesa de Ambiente y Agroquímicos, conformada por el HCD local.
Contamos Luciano, brevemente, ¿cuál fue la metodología utilizada para realizar el trabajo y a qué conclusiones llegaron?
Este trabajo se enmarca en la creciente preocupación por la degradación ambiental, cultural y económico-social que se da en el crecimiento desordenado y amorfo de nuestra ciudad. Y pretende ser un aporte que procura reformular, ordenar y dar respuesta a la configuración del llamado periurbano. Llegamos a la conclusión, entendiendo al suelo como un recurso difícilmente renovable, que resulta imperiosa la necesidad de promover desde el gobierno local su preservación, sobre todo en las cercanías de áreas urbanas.
¿En qué se basaron para modelar las ZEA?
Nuestro trabajo propone incorporar el concepto de Zona de Resguardo Urbano – Ambiental que impulsa el desarrollo de actividades amigables con el medioambiente. Dentro se encuentran las Zonas de Exclusión y Amortiguamiento (ZEA) para las aplicaciones de agroquímicos. Estas últimas fueron determinadas a partir de establecer distancias y simular “áreas buffer” que representan el alcance y ubicación geográfica de esta problemática. Pudimos advertir, y confirmar, que la situación más compleja se da en parajes o pueblos de campaña, cursos y depósitos de agua, y establecimientos educativos rurales que se encuentran rodeados de cultivos y propensos a ser fumigados. También logramos observar que cualquier impacto negativo producido (por el uso de agrotóxicos, derivas y demás) alrededor de la ciudad cabecera involucra a miles de personas y sería un acontecimiento catastrófico.
¿Qué superficie de tierra se estaría afectando con la ZEA?
Modelamos con distancias de 1.000 y 500 metros de exclusión donde “se prohíbe todo tipo de aplicación de agrotóxicos”. Nuestro trabajo pudo corroborar que el área en cuestión representa, dependiendo del tipo de cultivo, entre un 1% a un 2,5% de la tierra cultivada. Y según datos del RENSPA son aproximadamente 700 los titulares de las tierras de todo el partido, incluyendo grandes multinacionales y familias que no viven en nuestra localidad.
¿Esto implica que esa superficie no pueda cultivarse?
Definitivamente no. Se puede -y se debería-, alentar otros tipos de producción alternativa como la Agroecología en estas superficies. Por eso afirmamos que ese 1% o 2,5% representa grandes riesgos en la salud y el ambiente, y muy poca pérdida e incidencia en términos económicos.
Se está trabajando sobre el nuevo Código de Ordenamiento Territorial de Chivilcoy. ¿Crees que este tema debe ser considerado?
La planificación y el ordenamiento territorial todavía no son vistos como herramientas para impulsar el desarrollo local. Se tiene una visión muy limitada del problema, que debemos superar rápidamente, la cual se restringe sólo a factores de ocupación del suelo, usos, alturas y demás, sin contemplar la totalidad y complejidad del territorio. Estamos convencidos que utilizar el Código de Zonificación para demarcar las ZEA, no es suficiente. Necesitamos otras herramientas, como una ordenanza que regule estas prácticas, y planes estratégicos para el territorio que debe ser pensado como un bien social.