Buscan penalizar a las empresas involucradas en casos de corrupción

 El oficialismo bonaerense avanzará con un proyecto para penalizar a empresas que cometan hechos de corrupción en perjuicio del Estado o de casos de evasión fiscal u ocultamiento de balances.

La medida es impulsada por el bloque de senadores del oficialismo y será presentada esta semana. El proyecto crea el Proceso de Juzgamiento para Personas Jurídicas Privadas, un émulo bonaerense de la Ley de Responsabilidad Penal empresaria que rige a nivel nacional desde fines de 2017. El objetivo de la norma es perseguir penalmente a las empresas que participen de hechos de corrupción, casos de evasión fiscal o el ocultamiento y falsificación de balances.

El debate del proyecto nacional se dio en el marco de las acusaciones de corrupción contra el kirchnerismo, y llegó meses antes del estallido de la causa denominada "Cuadernos de la Corrupción", que involucra a exfuncionarios de la gestión K pero también a empresarios cercanos al actual Gobierno, entre los que se encuentra el primo del Presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

El proyecto bonaerense, en tanto, sostiene que para las empresas se aplicarán "todas las disposiciones relativas al imputado, al acusado y al condenado, reguladas en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y en las leyes especiales respectivas".

El proyecto lleva la firma del senador Leandro Blanco, y será presentado este miércoles con la presencia del ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. En los fundamentos de la iniciativa se remarca que "la corrupción representa una amenaza seria para el estado de derecho, afectando no solo a la sociedad en un todo sino provocando mayor daño e impacto sobre las clases más vulnerables". Además, indica que "posee un impacto negativo en la igualdad de derechos, competencia y negocios en general aumentando los costos de producción y no dando seguridad a los posibles inversores", por lo que se sostiene que "para poder comenzar a revertir esta realidad resulta necesario que las personas jurídicas cooperen con las autoridades para una mayor eficacia en la aplicación de la ley penal".

La norma señala que se perseguirán los delitos contra la administración pública cometido por empresas, como la participación en casos de corrupción, malversación de fondos o entrega de dádivas a funcionarios; la realización de balances e informes falsos y a evasión impositiva.

En un eventual juicio, la empresa será juzgada a través de su representante legal, quien corre el riesgo de ser encarcelado ante un eventual desacato o por falta de comparecencia ante el tribunal. Además, contarán con todos los derechos y garantías de cualquier persona física juzgada por este tipo de delitos, como el pedido de suspensión de juicio a prueba o la realización de un proceso abreviado. Incluso podría llegar a un acuerdo de colaboración para conmutar la pena a cambio de información que permita avances en la causa.

Condenas

Las empresas también quedarán expuestas a condenas penales en caso de ser halladas culpables. Entre las sanciones, el juez podría disponer multas de hasta 5 veces el valor del beneficio obtenido ilegalmente; la restitución de las ganancias que sean el producto del delito; o la cesión a Estado de los bienes decomisados por la Justicia. También podría avanzarse en la disolución de la firma, si se comprueba que fue montada exclusivamente para cometer delitos contra el Estado bonaerense.

No obstante, el proyecto les da a los jueces la potestad de suspender la medida en caso de que se trate de una pena mínima cuando ésta pueda perjudicar a trabajadores o afectar servicios esenciales para la población.

En caso de la ejecución de la pena de disolución, los magistrados podrán disponer la intervención de la empresa por un lapso de cinco años, con el objetivo de salvaguardar la continuidad laboral de los empleados.

En los fundamentos del proyecto se señala que "es un hecho que los delitos efectuados a través de una estructura societaria confieren a los autores posibilidades de desvincularse del hecho y obstaculizar la investigación (...) El reconocimiento de su responsabilidad penal hace impostergable la regulación de su intervención en el proceso penal a través de normas procesales que permitan, en definitiva, la aplicación de las leyes penales vigentes".