La ley de empleados protegidos, uno de los de una reunión regional en Atiadim

El Hogar y Centro de Día de Atiadim fue la sede de un encuentro regional de talleres protegidos de la zona, con la presencia de representantes de varios distritos, donde se destacaron dos temas principales, que tienen que ver con derechos laborales para las personas que trabajan en estas instituciones.

Entre los asistentes, también hubo integrantes de la Federación de Talleres Protegidos de Buenos Aires (Fetap).

En primer lugar, la ley para que los operarios de los talleres protegidos gocen de los mismos beneficios con que cuentan el resto de los trabajadores. Otro tema tiene que ver con el destino de los fondos de la Ley del Cheque.

También se habló sobre el estado de la Agencia Nacional de Discapacidad, ex Conadis, y las necesidades edilicias y otros costos que afrontan las instituciones.

Gustavo Martínez, de Atiadim, se mostró satisfecho con la respuesta a la jornada. “Recepcionamos muchas de las inquietudes de los talleres protegidos y hablamos de las políticas nacionales y provincial con respecto a los talleres y, sobre todo, en relación a la nueva ley del empleado de talleres protegidos”.

Agregó que “cada taller tiene sus necesidades y problemáticas, pero fundamentalmente, el objetivo es la divulgación de la ley de los empleados protegidos para que los talleres están al tanto para contar con su apoyo y se pueda llegar a implementarla o hacer modificaciones”.

En tanto, Darío Corrao, del taller Dignidad, dijo que estuvieron representantes de ciudades como 9 de Julio, Chacabuco, Moreno, Pergamino, Alberti, de distritos del Gran Buenos Aires, entre otros. “Es importante esta reunión por el intercambio de información, de problemáticas y de soluciones”.

“Deuda histórica”

Raúl Lucero, referente de la asociación “La Granja”, de Moreno, al referirse a la ley de empleados de talleres protegidos, manifestó que “es de carácter nacional, que ha estado siendo trabajada por la FETAP”.

Expresó que el objetivo de la ley es cubrir una deuda histórica que tiene el estado con las personas con discapacidad, trabajadoras de estas organizaciones, algunas de ellas de más de 50 años de actividad. “Los operarios no tienen la condición que los cubra, entonces, este régimen federal de empleo lo que viene a hacer es un reconocimiento de derechos como jubilaciones, salarios acordes con la realidad de ese trabajador, entre otras cosas por resolver. Si bien está le ley y la reglamentación, hay artículos que aún no están en vigencia, que tienen que ver con el financiamiento a las organizaciones”.

Lucero subrayó que, si no fuera por el aporte de las comunidades, el día a día sería muy difícil para estas instituciones. “Queremos llevar propuestas al estado y presentar la realidad por la que pasan las organizaciones en el día a día, a un estado que muchas veces lo ve y en otras veces construye una propia verdad, que no es la de las personas con discapacidad de nuestras comunidades y, especialmente, de los talleres protegidos”.

Hizo hincapié en que la ley garantiza a los operarios los aportes, tanto previsionales como de seguridad y riesgo de trabajo. “También que parte del salario del trabajador lo va a cubrir el estado, lo mismo que parte de los equipos que se desempeñan en los talleres protegidos”.