Detienen a tres aduaneros y secuestran más de 1000 teléfonos celulares

El diario La Nación publicó ayer en su página web una extensa nota relacionada a la detención de tres aduaneros y el secuestro de 1.000 teléfonos celulares en los procedimientos realizados la semana pasada, en varias ciudades del país, inclusive Chivilcoy, en  una vivienda ubicada en la calle Saavedra N° 133, donde reside la familia Santos-Talento.

La investigación comenzó hace 20 meses, cuando en un control de la Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 12, a la altura de Zárate, se descubrió un contrabando de teléfonos móviles. Los uniformados inspeccionaron un ómnibus que había partido desde Puerto Iguazú, en Misiones, con destino a la terminal de Retiro y encontraron 20 celulares Samsung y cinco iPhone SE. La mercadería, que estaba en una mochila que había sido escondida dentro del recipiente donde se arroja la basura, fue valuada entonces en 300.000 pesos, casi 19.000 dólares en febrero de 2017. Pero no era un caso aislado, la simple "viveza" de dos choferes que aprovecharon el viaje de trabajo para transportar artículos de tecnología sin declararlos. Era, en realidad, la punta del iceberg de la actividad de una organización transnacional que contaba con la colaboración de personal aduanero para eludir los controles e ingresar mercadería de forma clandestina.

En los últimos días, por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, detectives del Departamento Delitos Federales de la Policía Federal (PFA) hicieron 30 allanamientos y detuvieron a 19 sospechosos, entre ellos, tres aduaneros que cumplían funciones en la Oficina de Control Aduanero del Puente Internacional Tancredo Neves, en la Triple Frontera.

El rol de los aduaneros

"Se sospecha que los aduaneros detenidos tenían como rol el de posibilitar que la banda pudiera sortear los controles para así poder ingresar de contrabando la mercadería", informó una fuente judicial.

En los operativos, la PFA secuestró 1002 teléfonos celulares, 483 artículos de electrónica (computadoras y consolas de PlayStation, entre otros), diversos repuestos y fundas de aparatos móviles, y 12 bultos de gran tamaño cerrados que contenían ropa interior. Toda la mercadería, que tendría un valor de 85 millones de pesos, habría sido ingresada en el país de contrabando.

Además de los tres aduaneros fueron detenidos otros 16 sospechosos. Hubo procedimientos en Eldorado y Puerto Iguazú, Misiones; en Rosario, Santa Fe; en Arrecifes, Junín, Chivilcoy, Avellaneda, Temperley y Villa Madero, en la provincia de Buenos Aires, y en la Capital Federal.

En Puerto Iguazú se allanó la Oficina de Control Aduanero dependiente de la División Aduana de Iguazú. "Queremos dar a conocer la desarticulación [sic] de una gran banda dedicada al contrabando. Una banda absolutamente organizada para burlar todos los sistemas existentes en el país. La PFA, después de analizar el hallazgo de 25 teléfonos celulares escondidos, observó que no era un hecho aislado y que detrás había una organización que tenía como objetivo generar un sistema de contrabando para nutrir de artículos electrónicos a una cantidad importante de negocios en distintos puntos del país", explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante una conferencia de prensa.

Los uniformados de la PFA también secuestraron 865.514 pesos, 91.155 dólares, 13.141 reales, 1648 euros, 400.000 guaraníes, diez libras esterlinas y 21 vehículos.

Según la ministra Bullrich, en el eslabón superior de la organización criminal había una mujer que manejaba a los "paseros" y contactaba a los aduaneros infieles que colaboraban con la banda. La mercadería, según la funcionaria, era traída desde Ciudad del Este, en Paraguay.

En abril del año pasado, cuando procesó a los choferes José Carlino Vergara y Fabio Ganduglia, que trabajaban para la empresa de transporte de pasajeros Río Uruguay, el juez González Charvay explicó que "la mercadería habría sido ingresada al país sin los debidos controles aduaneros con motivo de su importación, de manera irregular, sin documentación respaldatoria, la cual fue entregada a los nombrados Ganduglia y Vergara, quienes la trasladaron desde la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, con destino final a Retiro, en la ciudad de Buenos Aires".

Como este tipo de hechos de contrabando se repetían, el juez González Charvay le encargó al Departamento Delitos Federales de la PFA una investigación a fondo que derivó en los últimos allanamientos.

"Se detuvo desde la organizadora y jefa hasta los comerciantes que vendían la mercadería", afirmó Bullrich.

La banda, según se informó en la conferencia de prensa, tenía un sistema para hacer circular el dinero obtenido en las operaciones de contrabando. "El dinero pasaba por una financiera de la ciudad de Buenos Aires e iba a distintas ciudades como Arrecifes, Junín, Chivilcoy y Rosario para terminar en una financiera de Ciudad del Este", agregó la ministra Bullrich.

El jefe de la PFA, comisario general Néstor Roncaglia, destacó que en esta investigación se pudo descubrir como el dinero regresaba al país de origen y que se logró detener al propietario de la financiera situada en Lavalle al 400, en el barrio de San Nicolás.

"El proceso de contrabando estaba muy bien aceitado. Quiero resaltar, como dato importante, el descubrimiento de la financiera", dijo Roncaglia.

Bullrich, que estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director de Investigaciones, Rodrigo Bonini, dijo que a la banda se le secuestraron teléfonos celulares de vieja data, sin tecnología de 4G y sin conexión wifi. Se sospecha que esos aparatos se "bajaban" en Rosario para ser utilizados por bandas de delincuentes para ser utilizados y descartados rápidamente.

En Chivilcoy

El martes 2 del corriente mes, se concretó un allanamiento en nuestra ciudad, en un domicilio ubicado en la calle Saavedra N° 133, el barrio de la plaza Varela.

Según trascendió, el allanamiento de la delegación Mercedes de la Policía Federal se concretó por orden del Juzgado Federal de la ciudad de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay y estaba relacionada con la Ley 22415 del Poder Ejecutivo Nacional, relacionada con el contrabando comercial.

Si bien la información no fue confirmada en forma oficial, el pedido del juzgado campanense estaría relacionado con el contrabando de elementos de electrónica, algo que vendría sucediendo desde hace un tiempo y que tomó intervención la justicia en el 2017, con viajes triangulados entre Paraguay, Brasil y nuestro país.

Según trascendió, desde el domicilio de la calle Saavedra, se retiraron una camioneta Renault Koleos Expression y una moto Benelli TNT 25, los cuales habrían sido trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De la vivienda allanada ninguna persona fue privada de su libertad.