El agua no se negocia

La discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares es, en esencia, una decisión política sobre el futuro de nuestros bienes comunes más estratégicos: el agua. Acá lo que está en juego es el presente y el futuro del agua en la Argentina, no solo para el consumo humano, sino para las industrias, la producción y las economías regionales. Es un impacto directo sobre toda la sociedad, con una trazabilidad completa en nuestro país.

El proyecto introduce cambios profundos y peligrosos: deja de lado el criterio técnico y científico que sostiene la ley para reemplazarlo por la discrecionalidad de las provincias, sin sustento serio. Básicamente es una puerta abierta para avanzar sobre zonas protegidas según conveniencias políticas o económicas.

Pero además, el modo en que se está intentando avanzar con esta reforma es escandaloso. Más de cien mil personas en todo el país nos inscribimos para participar de la audiencia pública en el Congreso, algo que generó hasta noticias mundiales del impacto y compromiso en nuestra Nación por la causa. Sin embargo, no nos permitieron disertar, pero no porque fuera un problema técnico o de organización. Fue una decisión política: decidieron quién podía participar y quién no. Cerraron la puerta a la sociedad en un tema que nos afecta directamente a todos. Entonces hay que decirlo: la audiencia no fue ni pública ni democrática, fue absurdamente ilegítima.

Y esto no es una opinión. Lo ocurrido vulnera el Acuerdo de Escazú y la Ley General del Ambiente, que garantizan la participación ciudadana. El propio Estado nos niega derechos constitucionales. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿cuál es el apuro de esta ley? ¿Acaso priman otros intereses por encima de las garantías ciudadanas de participación?

Y otra vez aparece el mismo argumento de siempre: el “desarrollo”. Insisto con esta palabra: si el desarrollo no es sostenible, no es desarrollo. Esto trae saqueo, trae pobreza, trae bronca pero también trae dinero, pero para las empresas extractivistas extranjeras, nosotros perdemos. Cuando los recursos naturales están en venta, siempre pierde la Nación, perdemos los habitantes y perdemos soberanía.

Si llegaste hasta este punto de la lectura, y estás a favor de la modificación que nos convoca, repetirás como el Señor presidente: ¡Qué ambientalista idiota! Procedo a aclarar: Idiota proviene del griego idiotes, y refiere a quien se desentendía de la vida pública para ocuparse solo de asuntos privados, calificando a alguien egoísta o poco participativo socialmente. Entonces, la pregunta es otra: ¿quién es realmente el idiota?

Me sorprende que quieran dividirnos en esta lucha. ¿De verdad hay una grieta en esto? ¿Estamos discutiendo si queremos o no agua potable? ¿Quién no quiere a su país? ¿Quién no quiere cuidar sus recursos?

Sin agua no hay producción, no hay salud, no hay vida, no hay nada.

Es por eso que más que nunca: ¡La Ley de Glaciares no se toca!