La prevención no puede depender de quién sea la víctima

El año pasado presentamos en el Concejo Deliberante un proyecto para que el municipio aborde el ciberdelito como política pública: prevención, capacitación, protocolos de actuación y campañas informativas para vecinos. Se consideró innecesario. Se dijo que no era prioridad. Se votó en contra.

Hoy, tras el ataque sufrido por el intendente Guillermo Britos, el tema dejó de ser abstracto. Existe, preocupa y ocupa.

Pero la discusión no puede quedar atrapada en la coyuntura ni en la persona afectada. Y justamente ahí está el punto central: no es lo mismo el nivel de trascendencia que alcanza un hecho cuando le ocurre al intendente —con llegada inmediata a medios y redes— que cuando la víctima es un vecino común, que muchas veces queda solo frente a una estafa digital.

El delito es el mismo. La gravedad es la misma. La angustia también.

Por eso insisto en algo concreto: el proyecto debe mantener estado parlamentario. No para darle la razón a nadie, sino para dar una respuesta a todos.

La política no puede reaccionar sólo cuando el problema adquiere visibilidad pública. Debe trabajar también por quienes no tienen micrófono ni conferencia de prensa, por quienes descubren que les vaciaron la cuenta un sábado a la noche y no saben a quién recurrir el lunes.

El proyecto propone justamente eso: igualar la problemática, institucionalizar la prevención y generar herramientas para la comunidad. Una campaña municipal de concientización, capacitación al personal y un canal de orientación para víctimas. Nada extraordinario; simplemente asumir que el delito digital ya forma parte de la vida cotidiana.

Por eso vuelvo a pedirlo: incluyamos el tema en el debate y realicemos la campaña que solicité. No después del próximo caso.

Ahora.

Porque la función pública no es amplificar los problemas cuando nos alcanzan, sino evitarlos antes de que le arruinen la vida a alguien que no tiene cómo hacerse oír.