Cuando el perito se vuelve juez: La frontera que la psicología no debe cruzar

En el engranaje del proceso penal moderno, la pericia psicológica cumple un rol delicado y decisivo. No es un accesorio decorativo: puede inclinar la balanza de una causa, afectar la libertad de una persona y condicionar la mirada del tribunal. Precisamente por eso, exige rigor científico, objetividad y absoluta neutralidad.

Cuando esos estándares se abandonan, la pericia deja de ser una herramienta técnica y se convierte en algo mucho más grave: un instrumento de prejuzgamiento.

En una reciente impugnación defensiva, se cuestionó un informe por contener expresiones que invaden el terreno del juicio de valor. No es una crítica abstracta; se trata de frases que, bajo un barniz profesional, esconden una condena anticipada. Cuando un perito señala que el imputado "no se hace cargo del hecho" o acusa una "falta de implicación subjetiva", está cruzando una línea roja. No está describiendo la psiquis del sujeto, está reclamando una confesión que la constitución no exige. Del mismo modo, criticar que el detenido se posiciona como "víctima de una acusación traumática" en lugar de reconocer el daño, es ignorar el derecho básico de defensa: nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni a validar la tesis de la acusación para ser considerado "psicológicamente sano".   

El problema aparece cuando se utilizan conceptos ambiguos para afirmar —sin prueba objetiva— que una persona “piensa mal” o “es insensible”. Afirmaciones como: “Funciona en personalidad psicopática”; “Falta de adaptación social y posibilidad de transgredir normas sin culpa”. Sugerir que un individuo “debe continuar bajo tratamiento penitenciario antes de salir a la calle”. Esta última frase es quizás la más peligrosa: el psicólogo deja de evaluar para empezar a dictar la pena o la modalidad de encierro, atribuyéndose facultades que son exclusivas del juez. Este tipo de conclusiones no son medibles, no son verificables y, por lo tanto, no son científicas.                                          

El derecho penal argentino no juzga formas de ser, juzga hechos concretos probados. Convertir una pericia en un retrato de “riesgo” es una forma moderna de criminalización de la personalidad. No se condena a alguien por lo que es, ni se lo investiga por lo que "podría hacer" según su estructura psíquica.                              

El caso de la psicóloga condenada en Tandil por falso testimonio agravado funciona como un recordatorio brutal: la falta de rigor y la sustitución de la ciencia por el prejuicio tienen consecuencias legales. La pericia no es un cheque en blanco para la subjetividad. Corresponde a los jueces, excluir este tipo de informes del plexo probatorio cuando no cumplen los mínimos estándares científicos. No se trata de proteger culpables, sino de proteger garantías. Porque cuando la justicia acepta pericias que prejuzgan, el problema ya no es del imputado. Es del sistema entero.