El retroceso que afecta a los más vulnerables

Es lamentable que se persista en la idea de que invertir en discapacidad y en la tercera edad es un gasto innecesario, en lugar de reconocerlo como un cumplimiento de derechos.

Esta perspectiva no sólo es errónea, sino que también refleja una falta de información y empatía hacia quienes enfrentan desafíos adicionales en su vida diaria.

La discapacidad y la edad avanzada no deberían ser sinónimos de carga económica. Al contrario, una sociedad inclusiva debe garantizar que todas las personas tengan la oportunidad de participar plenamente en la vida social, económica y cultural. Esto implica invertir en políticas y programas que promuevan la accesibilidad,  inclusión laboral,  atención médica adecuada y apoyo social necesario.

Cuando hablamos de discapacidad, nos referimos a una realidad diversa y compleja. Cada persona tiene sus propias necesidades y capacidades, y es fundamental adaptar los recursos y servicios a sus circunstancias individuales. Negarles esta oportunidad es negarles la dignidad y su derecho a una vida plena.

En el caso de la tercera edad, es importante recordar que todos aspiramos a llegar a esa etapa de la vida. Invertir en el bienestar de nuestros mayores es invertir en nuestro propio futuro. Además, las personas mayores tienen mucho que aportar a la sociedad, ya sea a través de su experiencia, sabiduría o participación activa en la comunidad.

Para cambiar esta mentalidad, es imperante informarse y sensibilizarse sobre las realidades de la discapacidad y la tercera edad. Escuchar las voces de quienes viven estas experiencias, conocer sus necesidades y desafíos, y comprender el impacto positivo que puede tener una inversión adecuada en la calidad de vida.

El reciente veto a la ley destinada a proteger los derechos de las personas con discapacidad es un retroceso que merece una profunda reflexión. Contrario a lo que se ha insinuado, esta ley no busca generar nuevos gastos innecesarios, sino preservar los derechos ya existentes en áreas  como la salud, la educación, el trabajo y la protección social.

El veto a esta ley es un claro ejemplo de falta de mantenimiento, que pone en riesgo los avances logrados en materia de inclusión y bienestar.

Uno de los aspectos más preocupantes es su impacto en los talleres protegidos. Estos espacios son esenciales para la inclusión laboral de personas con discapacidad, quienes perciben salarios mínimos que apenas alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Al no proteger estos talleres, se pone en riesgo la fuente de ingresos de muchas familias y se dificulta su acceso a una vida digna.

Otro objetivo clave de la ley vetada es regularizar los planes y programas sociales destinados a personas con discapacidad. Esta medida busca evitar superposiciones y garantizar que la Andis (Agencia Nacional de Discapacidad) definiera los requisitos para acceder a una pensión por incapacidad laboral. Al vetar esta ley, se perpetúa la incertidumbre y la falta de transparencia en la asignación de recursos, lo que perjudica a quienes más lo necesitan.