El sentido común, ¿el menos común de los sentidos?

Uno de los temas que más sorprendió en las últimas horas fue el veto y amenaza de ir a la justicia por parte del intendente municipal Guillermo Britos al proyecto de la concejal Diana Raulier, del unibloque de la UCR para cambiar los reductores de velocidad hacia las calles con derecho de paso (ejemplo Moreno y Brown), pero hay más.

Ascheri fijó su opinión titulando “El sentido común, ¿el menos común de los sentidos?”, aunque su compañera de militancia, Raulier, decidió no insistir con su aporte al tránsito local, idea que había recibido la aceptación de quienes circulan con vehículos por la ciudad.

La nota de Ascheri dice textualmente: “Sabemos que para vivir en sociedad, todos debemos atenernos a las distintas leyes y normas que tienden a generar una mejor convivencia entre los vecinos y en el tema tránsito está vigente la Ley de Tránsito 24449.

En su articulado, el 21 dice: Estructura vial. Toda obra o dispositivo que se ejecute, instale o esté destinado a surtir efecto en la vía pública, debe ajustarse a las normas básicas de seguridad vial.

Además, respecto de la seguridad vial, en las prioridades el artículo 41 dice: Prioridades. Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde la derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta y solo se pierde ante:

Inc. a) la señalización específica en contrario.

Pero, apelando al sentido común, ¿un reductor de velocidad es lo mismo que tener que ceder el paso?. ¿Un reductor de velocidad puede violar el derecho absoluto al paso del que viene por la derecha?. ¿Un reductor de velocidad colocado incorrectamente ayuda a la seguridad vial? ¿Un reductor de velocidad colocado incorrectamente ayuda a prevenir accidentes?

¿Si una encrucijada presenta estadísticas preocupantes de accidentes se soluciona con un reductor de velocidad colocado incorrectamente?

Pero no sólo preocupa la falta de sentido común sino también la actitud prepotente de amenazar con recurrir a la justicia para salvaguardar las facultades del Poder Ejecutivo, en vez de pensar seriamente en mejorar la seguridad vial en beneficio de los vecinos.