¿Puede la policía revisarte el celular? ¿Y un fiscal obligarte a desbloquearlo? ¿Y un juez?

Hay 3 posturas judiciales, la segunda, la mayoritaria y la tercera en creciente minoría que es la más atinada.  Quiero comenzar sosteniendo, hay una postura que está clara y es unánime. Ningún policía te puede revisar el teléfono celular si no tiene una orden judicial previa. Pero, respecto a las órdenes que autorizan los jueces, existen 3 posturas, la primera, que es la que se está abandonando porque fue evolucionando, de la misma manera que fue evolucionando toda la información y es la de: Que el juez te obliga a que vos pongas tu patrón para desbloquearlo. Ya sea mediante patrón alfanumérico, o a través de un movimiento con los dedos. Este hecho roza a la autoincriminación y por lo tanto al defensor le deja regalada la posibilidad de plantear una nulidad.                         

La segunda postura, la mayoritaria, que aplican casi todos los jueces, es la que, si bien no se puede obligar a una persona a incorporar la información para desbloquearlo, sí se lo puede usar como un objeto de derecho, un objeto de prueba, que es utilizar el ojo, el iris, utilizar las características del rostro para desbloquear o incluso la huella dactilar.  

Y existe una tercera postura, una minoría creciente, a la que acompaño, donde considero que existen alternativas que primero el acusador tiene que agotar, previo a someterme a mí u obligarme a exponerme a afectar mi dignidad, para obtener la imagen o mi huella dactilar, es decir, si existen bancos de datos en donde puede conseguir esa información, primero debería el juez autorizar a que se haga una investigación, que se utilice esa información y no exponer al sujeto como un objeto de prueba.                       

La Cámara del Crimen, hizo lugar al recurso presentado por una mujer cuyo celular fue peritado para extraer información como prueba, pero se pronunció en contra de que esta tarea sea realizada por la Policía. Y ello, ya que los actuales celulares no solo conservan el registro de llamadas sino también distinto tipo de comunicaciones privadas, que, en principio, pueden encontrar tutela en el ámbito de los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional sostuvo el fallo. Es decir, que la División Análisis de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad, ha sido impedida por la Cámara del Crimen para ver esa información.                                                                    

En otro caso, el fiscal general subrogante ante la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), Horacio Azzolín, dictaminó en favor de ordenar la apertura de una aplicación de mensajería de un teléfono celular IPhone 11 Pro Max, obligando a su propietaria –procesada con prisión preventiva por almacenamiento de estupefacientes- a desbloquear el ingreso al dispositivo con el iris o el reconocimiento facial.

Ello fue apelado y la justicia autorizó a través del juez a realizar la apertura forzosa del móvil, con los fundamentos que, si bien no es dable forzar al imputado a colaborar activamente con la pesquisa llevada en su contra, tampoco resulta atendible que éste no pueda ser objeto de ciertas injerencias corporales por parte del Estado para contribuir al esclarecimiento de hechos presuntamente delictivos y cuya intervención se le atribuye. Claro que, no se busca que el imputado realice un acto o manifestación, sino simplemente recae sobre él un deber de tolerancia, donde sólo se le exige un comportamiento pasivo frente a la medida probatoria ordenada. Y por ello se sostuvo, que todo imputado puede ser obligado forzosamente a la utilización de su cuerpo, (ej: extracción de sangre) para la extracción de datos de interés para la causa, en tanto aquellas no impliquen, de ninguna manera, una injerencia tal en el cuerpo que redunde en un trato degradante o humillante. En resumen, sólo el juez puede autorizar dicha intromisión en la intimidad.