La transparencia de un proceder poco transparente

El gobierno municipal del intendente Guillermo Britos se autoproclama transparente pero cuando se lleva por delante los mecanismos de discusión y control que están delegados al Concejo Deliberante, esa afirmación no se condice con la realidad.

Una vez más, quedó en evidencia que la autoproclamada transparencia ha sido puesta en duda con una ordenanza aprobada días atrás, con el acompañamiento del bloque oficialista; su nueva aliada, la concejal del Movimiento Evita, Claudia Bogliolo, y de una integrante del bloque de Juntos, Daiana Raulier.

En esta ordenanza se declara la emergencia de abastecimiento, que implica otorgarle vía libre al Ejecutivo municipal para realizar compras sin ningún tipo de licitación o concurso de precios. Esto quiere decir que ahora podrá adquirir bienes en determinados rubros, no importa el monto, sin cumplir con lo que dicta la Ley Orgánica de las Municipalidades.

En dicha Ley se establece que, superando determinados montos, un gobierno debe llamar a licitación o concurso de precios para poder adquirir el producto o servicio a la empresa o comercio que presente la cotización más conveniente, siempre y cuando cumpla con los requerimientos de lo que se solicita.

Lo concreto es que se evitará este procedimiento gracias a una ordenanza que no pudo ser discutida ni mejorada en las distintas instancias que todo proyecto debe transitar en el ámbito correspondiente, el Concejo Deliberante.

Para que un proyecto de ordenanza pueda ser aprobado, primero debe ser tratado en una comisión compuesta por concejales y concejalas que evalúan, discuten, proponen modificaciones, requieren informes, entre otras cuestiones para luego poder emitir un dictamen positivo o negativo. Una vez que ese proyecto tiene el visto bueno de dicha comisión, pasará a un plenario compuesto por la totalidad de los concejales que procederá a decidir si es incluido o no, en el orden del día de la próxima Sesión Pública Ordinaria, donde se votará para que definitivamente se transforme en ordenanza. Para un municipio, dicha ordenanza tiene categoría de ley y por lo tanto, es de cumplimiento obligatorio.

En el caso de la Emergencia de Abastecimiento, el gobierno municipal encabezado por Guillermo Britos, evitó el tratamiento en comisión de este proyecto, por lo tanto, imposibilitó a los concejales, especialmente a la oposición, el poder discutir, requerir informes detallados y un sinnúmero de facultades que les son propias, justo en una ordenanza que evita uno de los procedimientos vinculados a la transparencia que fija la Ley Orgánica de las Municipalidades y por ende, se saca de encima el contralor del Concejo Deliberante.

No es la primera vez que lo realiza. Cada vez que el Ejecutivo avanza con una propuesta controversial, lo ha hecho enviando dichos proyectos a último momento y evitando el trabajo en comisión, alegando determinadas urgencias nunca debidamente explicadas ni comprobadas, impidiendo así el correcto desempeño de las y los concejales.

La metodología de Britos y su jefa de Gabinete, Marcela Sabella, es la de conseguir a las apuradas aquellas ordenanzas que necesitan y que reconocen de antemano como polémicas, evitando las posibles objeciones técnicas y políticas que se habilitan por ley, aprovechando el número de manos propias y aliadas en el Concejo Deliberante, para luego proceder a su explicación con el hecho consumado.

Cuando este tipo de maniobras se consuma, las preguntas que muchos y muchas nos hacemos es, ¿qué es lo que no se quiere discutir?, ¿qué es lo que se nos está ocultando?, ¿cuál es la urgencia que existe para sacar una ordenanza de esta importancia a las apuradas? ¿por qué no se permite que un proyecto de estas características pueda ser mejorado de manera consensuada?

Hablando de transparencia, lo que transparenta este proceder es que la transparencia… bien, gracias.