Camioneros al borde de un ataque de nervios

Desde hace mucho tiempo, los argentinos hemos naturalizado la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad y no nos asombra que las principales fuerzas políticas no puedan ni siquiera sentarse a discutir diez políticas de estado básicas pero, a la hora de inventar algún curro para facturar,  aunque eso implique complicarle la vida a los exhaustos contribuyentes, enseguida se ponen de acuerdo.

Podemos poner ejemplos de cómo, todos los días, gastamos dinero y tiempo en realizar trámites que deberían ser ágiles y muchas veces a cargo del estado y, en cambio, la voracidad de nuestra clase dirigente los ha convertido en caros y tediosos.

Para muestra basta un botón.  Primero fueron las VTV, luego el grabado de cristales, más tarde el grabado de autopartes, la denuncia de venta en el registro, la denuncia de venta en Arba, la cédula azul, y así por cada trámite, hay un “amigo” que factura y un boludo que paga y encima tiene que hacer colas interminables.

Vayamos al caso que nos ocupa. Para renovar o sacar el carnet de conducir profesional que habilita a conducir camiones, utilitarios u otros vehículos de gran porte, el estado obliga a los conductores, todos los años, a realizarse un examen psicofísico; a sacar un certificado de antecedentes penales y a hacer un curso de capacitación; entre otras cosas. Para todo hay que pagar. Nos parece bien que los choferes estén controlados, es en resguardo de la seguridad de todos, pero, no por eso, renovar o sacar un registro de conducir debería ser un “vía crucis”.

Los dos primeros trámites podrían realizarse en nuestra ciudad, ya que el Correo Argentino está habilitado para tramitar el certificado de antecedentes y el Hospital Municipal está habilitado por la CNRT para realizar el psicofísico. Pero los sistemas fallan, a veces casualmente  y, otras veces, alguien los hace fallar.

Desde hace 60 días o más en el Correo Argentino “no hay sistema” para sacar el certificado de antecedentes penales, teniendo que viajar a ciudades vecinas para obtenerlo. En el hospital no dan más de cinco turnos para el examen psicofísico, los días jueves a la mañana. El próximo disponible, según le informó a este diario una empleada del hospital, es para el 18 de julio, obligando a los camioneros a trasladarse a Junín o a Buenos Aires, donde casualmente, en clínicas privadas, -vaya uno a saber de quiénes son-, las cosas “se resuelven de alguna manera”.

El costo para los camioneros no es poco, perder un día de trabajo -o varios, en el caso de los choferes de larga distancia- más los gastos de traslado, más los 2.510 pesos que legalmente cuesta el examen, más alguno otros costos ocultos para que “salga bien y rápido ”,  hace que alrededor de 3.000 choferes con registro profesional que hay en nuestra ciudad, gasten, en este sólo trámite, una montaña de dinero que no le sobra a nadie, pero, con mucho gusto, algunos pícaros, recaudan en otras ciudades.

Pequeñas cosas que nadie quiere resolver, intereses creados, curros inventados para que los “amigos” facturen. Mientras tanto, los ciudadanos de a pie seguimos tolerando a políticos y gremialistas que se pelean, -hasta que transan-, en un país donde, desde hace mucho tiempo la justicia brilla por su ausencia.

F.A.M