Despenalizar el aborto como imposición ética, como reconocimiento de derechos y por justicia social

Las preguntas, redundantes, que deben retumbar en todos los ámbitos de discusión sobre el aborto deben ser las mismas: ¿Creés realmente que una mujer que practica un aborto es una asesina? ¿Creés realmente que es una delincuente que debe ser condenada?

Estimo que respondiendo estos interrogantes empezaremos a despejar la enorme telaraña de argumentos éticos, morales y religiosos que, tal vez con la mejor intención, se oponen a que el Estado reconozca el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo.

Contestar estas preguntas es un buen ejercicio para desenmascarar el espantoso machismo que implica considerar delincuente a la mujer y no al hombre (o mujer, o pareja, o padres) que lo instigan, lo fomentan, lo financian o lo ignoran.

Por ello aquí mi humilde primer opinión sobre el tema. Despenalizar no implica avalar, estar de acuerdo, fomentar el aborto. Despenalizar es lisa y llanamente eso, no considerar delincuente o asesina a una mujer que realiza un aborto.

De esta forma, cualquier iniciativa (como la presentada en el Congreso de la Nación) de por sí representa un gigantesco salto de calidad en la vida institucional Argentina.

Me obliga acompañar este proyecto por ejercicio ético y de recta razón. Nunca más una mujer estigmatizada y condenada por la ley por practicar un aborto.

La segunda cuestión es de orden práctica y de estricta competencia de la salud pública.

Sugiero leer los fundamentos del proyecto de ley. Allí abundan argumentos. Definitivamente demuestran que los abortos se practican, existen. No abordar el tema desde la salud pública, desde el reconocimiento liso y llano de su existencia, no solo evita el problema, sino que lo agrava.

Asistir a la mujer desde el sistema de salud pública y privada, implica reconocer el derecho a decidir sobre su cuerpo, pero además garantiza condiciones mínimas de salud para no atentar contra su propia vida.

No obstante, a pesar de mi posición favorable, creo que el proyecto de ley debe ser modificado. Sé que existen iniciativas en esa dirección.  El mismo debería disponer asistencia psicológica  y social inmediata, para indagar posible coerción o imposición de familiares o parejas y también contemplar la posibilidad de llevar el embarazo a término para dar en adopción. Es la respuesta tácita del Estado (de todos), de que no deseamos que nadie aborte. Solo protegemos y cuidamos.

Existe consenso mundial que sólo se debe permitir hasta la semana 12/14 de gestación.  Definitivamente debemos dejar esa cuestión a la ciencia médica. Porque la otra discusión, la de    “hay vida desde la concepción” es una premisa religiosa que,  al menos a mi, me pone en un lugar en que me niego a estar. Me niego a esa discusión. Implica someterse a una trampa argumental inconducente y engañosa a la hora de tomar decisiones que atañen a la salud pública y al reconocimiento de derechos.

Sobre todo considerando que es la Iglesia Católica la abanderada de esos argumentos. En honor a nuestra – a mi – tradición católica, sugiero un poco más de silencio y reflexión. Es mi humilde pedido, sobre todo a esta institución tan signada por la santidad y la solidaridad, pero a la vez tan manchada por la hipocresía, la sangre de mártires inocentes y la pedofilia escandalosa.

Finalmente - y como la mayoría de las cuestiones - esto es asunto de dinero. Una vez más, es sabido que quienes tienen posibilidades económicas, hoy acceden a abortos seguros y sin riesgos, mientras cientos de mujeres con pocos recursos mueren, o quedan mutiladas debido a prácticas caseras o en condiciones pésimas de atención.

Así, despenalizar el aborto garantiza igualdad de derechos a todas las mujeres. Y el hospital público, efectores privados y obras sociales, se obligan a atender la decisión de toda mujer en las mismas condiciones.

Efectivamente, despenalizar el aborto es una decisión de justicia social imprescindible.

He seguido de reojo la labor de René Favaloro, pero me quedo con una frase  dicha en un reportaje para la Gaceta de Tucumán el 7 de junio de 1997:

“Los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas mientras en los sanatorios hacen fortunas sacándoles del vientre la vergüenza a las que tienen plata. Con el divorcio decían que era el fin de la familia y sólo fue el fin de la vergüenza para los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos, habrá menos madres muertas. El resto es educar, no legislar”.

Para finalizar, adhiero públicamente a la consigna “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.  Síntesis de una demanda social que ya no puede ni debe esperar más.