Triaca debió irse por iniciativa del Gobierno.

En política rigen postulados que escapan a toda lógica, acuñados por los políticos y convalidados por la prensa especializada con la pretensión de que no sea necesaria demostración alguna para su comprobación. Algo así como los axiomas de la geometría, verdades que no admiten discusión: “existen infinitos puntos, infinitas rectas e infinitos planos”; ¿o no?

El caso de Jorge Triaca orilla esos criterios. El gobierno acepta que el ministro de Trabajo cometió “errores”, pero decidió mantenerlo en su cargo asumiendo que lo contrario sería “entregárselo a la oposición o al gremialismo” cuando está en proceso de maduración el proyecto de reforma laboral y se discuten paritarias. El postulado en este caso dice que “no se debe ‘entregar’ la cabeza de un funcionario en momentos críticos porque se debilita al gobierno”. Esto es: ni se lo echa ni puede renunciar. ¿Por qué aceptarlo así?

Se elude, sin embargo, que lo más probable es que en algún momento quede probado o se avance hacia la probanza de que Triaca no cometió “errores” como, complaciente, los llama el gobierno, sino “delitos”, y que eso ocurra mientras continúe siendo ministro, esto es, parte del gobierno que lo apañó. ¿Es, acaso, una muestra de fortaleza gubernamental sostener esa situación? ¿No es, en cambio, un ejercicio de estupidez? ¿No sería más inteligente pedirle la renuncia como iniciativa propia del gobierno y dejar el episodio atrás?

Los hechos: quedó expuesto el trato soez que Triaca infligió a su empleada, aún cuando la grabación que ha trascendido pueda no tener valor de prueba en instancia judicial; también quedó expuesto que esa trabajadora laboró “en negro” durante mucho tiempo y que recién fue “blanqueada” cuando el ministro fue designado en el gabinete, y que la misma empleada recibía beneficios del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) desde que el gremio fue intervenido por el gobierno en cabeza del Ministerio de Trabajo, a cargo de Triaca.

Dado que el postulado no habla de justicia sino de conveniencia, las preguntas a los cientistas políticos que lo avalan son: ¿qué resulta más conveniente al gobierno: mantener en el cargo al funcionario que cometió “errores”, aún a riesgo de que le sean reprochados de forma constante mientras permanezca en funciones y sea sometido a escarnio por la oposición, o reemplazarlo por otro que aporte ‘aire fresco’ y despeje el horizonte de ese tipo de nubarrones? ¿Qué debilita más al gobierno, la permanencia de Triaca o su reemplazo por renuncia o despido?

Y otras más: ¿qué pretende o le gustaría al votante y sustento del gobierno, aquel que no es “PRO puro” sino que respaldó a Cambiemos, a Mauricio Macri, y le permitió alcanzar una mayoría en busca de una alternativa más ética que la del gobierno anterior? ¿Era esto lo que quería?

Está claro que el reemplazo de Triaca es una necesidad desde todo punto de vista y daría mentís a esa estupidez de que “no se entregan funcionarios a la oposición” aún cuando hayan cometido excesos que, como en este caso, hagan que el involucrado no sea merecedor de ocupar una posición tan relevante. Si lo reemplaza por iniciativa propia, el gobierno no estaría entregando la cabeza de Triaca a la oposición; solo lo estaría dejando librado a su suerte ante la Justicia y la opinión pública, para que justifique sus procederes, si puede.

El reemplazo de Triaca, al fin, es una necesidad ética, porque su conducta debe avergonzarlo y avergonzar al gobierno; una necesidad política, porque el descrédito en que cayó con la divulgación de sus comportamientos le quitó autoridad; y si se estuviera más cerca de las elecciones sería también una necesidad electoral, porque, sin dudas, se convertiría en un piantavotos.

Frente a la circunstancia planteada, las alternativas que tenía el gobierno eran pocas: actuar con criterio de ejemplaridad o de encubrimiento. Al respaldar a Triaca mediante declaraciones del jefe de Gabinete de Ministros y de la recomendación de que se recluyera en Chapadmalal, el gobierno, aferrado a la letra del postulado, eligió la segunda. Se ha puesto en un brete: resistir la presión de la oposición, en conjunto con la admisión de muchos que no son opositores, o asumir que le volteen al ministro. La oportunidad de desvincularlo como medida ejemplar, ya quedó atrás.

Por Armando Torres

Periodista , titular de la consultora Cloutmedia.