“Regular Uber para proteger privilegios”

La llegada de Uber a Chivilcoy generó posiciones a favor y en contra. A favor aparecen dos cuestiones concretas, el precio y el seguimiento del viaje. En contra, el argumento de siempre frente a cualquier innovación, que no puede operar así y que el Estado debe intervenir.

El proyecto del concejal Martín Etcheverría parte de una intención razonable, buscar equidad con los remises. El problema es de base. Se construye sobre una idea equivocada, tratar a Uber como si fuera una remisera cuando en realidad es un intermediario.

Esa diferencia no es menor. Cuando el municipio intenta avanzar sobre la plataforma, en los hechos no regula a Uber sino al conductor. La carga termina cayendo sobre el que trabaja.

Uber genera algo concreto, más trabajo y más uso del servicio. Gente que antes no tomaba un remis por costos de entre 4000 y 6000 pesos ahora viaja con mayor frecuencia porque el mismo trayecto ronda entre 1500 y 3000. No es solo competencia, es ampliación de la demanda.

El proyecto tiene una contradicción central. Arranca hablando de libre prestación, libertad contractual y competencia leal, pero enseguida crea un registro municipal y exige un permiso habilitante. Proclama libertad y después la ata a una ventanilla.

La plataforma ya impone requisitos propios. Hay validaciones, documentación y un sistema de calificación que ordena el servicio. Si trabajás mal, dejás de recibir viajes o quedás afuera. Eso no ocurre en una remisera tradicional. Si cada ciudad fija sus propias reglas, un viaje entre distritos se convierte en un problema administrativo.

Crear registros municipales de conductores y vehículos no es solo ordenar. Es darle al municipio la capacidad de habilitar, rechazar o demorar. En términos concretos, decidir quién puede trabajar. Visto cómo funcionan otros servicios, no parece prudente ampliar ese margen.

Además, el proyecto deja demasiado en manos de la reglamentación. La antigüedad del vehículo, las condiciones de higiene, la vigencia de la autorización, etc. No se está creando previsibilidad. Se está creando margen discrecional.

Este tipo de regulaciones suele operar como barrera de entrada. En nombre del orden, termina protegiendo a los actores existentes y dificultando el ingreso de nuevos competidores.

El caso de RUCA CHE demuestra que la modernización no dependía de una ordenanza. La remisera desarrolló su propia aplicación y ofreció una herramienta digital sin necesidad de que el municipio le diseñara el negocio. Si otras agencias no se actualizaron, no fue por falta de regulación sino por falta de iniciativa.

El proyecto acierta en exigir seguro, licencia y antecedentes. Pero buena parte de esos controles ya existen dentro de la lógica de la plataforma. También hay coberturas complementarias asociadas al uso de Uber. No hay un vacío absoluto como se plantea, hay un modelo distinto.

Hay también un punto político. Si el concejal Martín Etcheverría busca construir una alternativa de gobierno, estas decisiones no son neutras. Esta regulación puede ordenar la relación con la corporación de remiseros, pero tensiona con una base social nueva que ya usa la plataforma.

Ahí entran los usuarios que encontraron una alternativa más barata, jubilados que pueden pagar un viaje al hospital o chicos que llegan tarde al colegio. También quienes empezaron a generar ingresos manejando. Es un universo más amplio y silencioso, pero real.

En política local suele buscarse quedar bien con sectores organizados y visibles. El riesgo es perder de vista a los que no tienen representación formal pero sí volumen. Y esos, cuando se los afecta, no hacen lobby. Votan.