IMO: versiones de compra en medio de una causa por presunta maniobra fraudulenta y un pasivo millonario

En la última semana comenzaron a circular dos líneas de negociación. Por un lado, un pool de profesionales médicos locales que evaluaría hacerse cargo del establecimiento, con menciones que lo vinculan al ex propietario. Por otro, la posible llegada de un grupo empresario con trayectoria en el sistema de salud a nivel nacional. También se registraron recorridas de actores del ámbito sanitario por el edificio. No hay confirmaciones oficiales.

Escenario actual

El conflicto dejó de ser exclusivamente laboral para pasar al plano penal. La Justicia investiga una posible maniobra fraudulenta bajo la figura de insolvencia fraudulenta, que implica el presunto vaciamiento de activos para evitar el cumplimiento de obligaciones.

En ese marco, se analizan los movimientos posteriores al cierre, entre ellos el retiro de equipamiento médico, mobiliario e insumos. Profesionales y trabajadores denunciaron que parte de esos bienes serían de su propiedad. Uno de los casos ya judicializados es el retiro de maquinaria del servicio de lavandería, que —según sostienen— se realizó sin autorización.

Deuda y juicios

El pasivo judicial es uno de los puntos críticos. En la última etapa se registraron al menos 13 juicios laborales iniciados por trabajadores. A estos se suman otros 8 expedientes de la gestión anterior, lo que configura un escenario de alta litigiosidad. Los reclamos incluyen salarios adeudados, indemnizaciones y otras obligaciones incumplidas.

Far Medical y la última gestión

Durante 2025, la gerencia comercial fue transferida desde la órbita vinculada a la FAREM a la firma Far Medical, que quedó a cargo de la administración en la etapa final. El licenciado Andrés Fuentes fue el referente visible en medio del agravamiento de la crisis que derivó en el cierre. Su rol aparece ahora bajo análisis en el proceso judicial.

El interrogante

En este contexto, cualquier operación de compra abre un punto clave: quién se hará cargo del pasivo. La eventual transferencia no solo implica reactivar la prestación, sino también definir el pago de salarios adeudados, indemnizaciones, juicios laborales y posibles responsabilidades penales. Sin esa definición, la viabilidad de una operación queda sujeta a negociaciones aún no oficializadas.

Equipamiento y dudas

Persisten además interrogantes sobre el destino del equipamiento retirado. Existen versiones que indican que parte de esa aparatología podría estar funcionando en otros centros de salud, en un entramado donde vuelve a mencionarse la gestión anterior vinculada a FAREM.

Con la institución cerrada, una causa penal en curso y más de veinte juicios acumulados, el IMO atraviesa un momento de definición. Entre la expectativa por una reactivación y la incertidumbre sobre las responsabilidades, el futuro de uno de los principales efectores privados de salud de la ciudad sigue sin resolverse.