La Justicia pone la lupa en el IMO: La denuncia pasó a fiscalía especializada en delitos complejos

La causa que involucra al Instituto Médico del Oeste (IMO) y la denuncia de una de las trabajadoras, ha dado un giro institucional y judicial que no podemos ignorar. Lo que comenzó como un reclamo laboral por un despido ha mutado en una investigación penal de peso bajo la carátula de insolvencia fraudulenta.  Recientemente, la justicia ha tomado una decisión que marca un antes y un después en el proceso: la remisión de la causa a la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas. Este movimiento no es caprichoso. El Agente Fiscal ha determinado que el objeto procesal, reviste una complejidad tal que requiere de un abordaje especializado y más recursos investigativos. Ya no hablamos solo de una deuda, sino de una estructura que, presuntamente, ha sido manipulada para eludir responsabilidades legales.                                                         

En cuanto al resto de los trabajadores, se han sumado a la pruebas testimoniales a incorporar penalmente hablando, y en materia laboral, algunos de ellos, han recibido la llamativa estrategia de uno de los conocidos socios de la empresa, quien intenta despegarse de la situación alegando una ajenidad que los hechos contradicen. Debemos ser claros: en el derecho laboral la responsabilidad es solidaria. Intentar quedar al margen cuando se ha sido parte de la toma de decisiones y del manejo de la institución es, cuanto menos, un ejercicio de cinismo jurídico.                                

Quien ostenta el poder y la dirección no puede, cuando las papas queman, pretender que su firma y sus acciones no tienen consecuencias sobre el patrimonio de los trabajadores.                                                                                         

Los próximos días serán claves. La citación a ratificar y ampliar testimonios bajo el Art. 232 del Código Procesal Penal es un paso firme hacia la verdad. No vamos a permitir que la justicia sea burlada mediante artilugios contables o cambios de firma que solo buscan desproteger a la denunciante y los trabajadores desamparados.       

La insolvencia fraudulenta es un delito que atenta contra la buena fe y el orden público. Desde esta representación, seguiremos impulsando cada medida necesaria para que la complejidad de la causa no sea una demora, de hecho hemos pedido la incorporación como particulares damnificados, para que quienes corresponden, den las explicaciones ante la ley.                                        

Un paso más, para arribar a la dolorosa verdad que amarga a nuestra ciudad.