Relato, contradicciones e incumplimiento
Ajuste para adentro, vidriera para afuera
Mientras el Municipio asegura que no puede aumentar los sueldos y exhibe el “ahorro de alquileres” como bandera, decide sostener uno de los alquileres más caros de la ciudad para instalar una nueva secretaría en pleno centro, contradiciendo una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante en noviembre del año anterior. Un gesto político que desnuda la distancia entre el discurso, la institucionalidad y la realidad.Hace apenas unos meses, el Municipio celebró la inauguración de un nuevo edificio propio donde se concentraron distintas dependencias. El mensaje fue nítido y se repitió como consigna: menos alquileres, más eficiencia, ahorro de recursos públicos. Una señal, se dijo entonces, de ordenamiento administrativo en tiempos de restricción económica. Casi en simultáneo el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el expediente 1591H, sobre un proyecto de Ordenanza presentado por el entonces concejal Dr. José Ferro, mediante el cual se solicitaba al D.E que elabore un Plan progresivo de Reducción de inmuebles alquilados destinados al funcionamiento de secretarias y direcciones y otras dependencias con el objetivo de un manejo más eficiente de los recursos municipales. El mismo derivó en la sanción de la Ordenanza N° 10.950/25 (Ver aparte)
Allí tanto el Intendente y miembros del gabinete municipal y concejales del oficialismo –también de la oposición-, unificaron el criterio y avalaron la reducción de los alquileres de inmuebles destinados a oficinas públicas por parte del municipio, en aras del ahorro y optimización de los recursos del erario público.
Sin embargo, el relato comenzó a mostrar fisuras rápidamente. En las últimas horas, el propio intendente reconoció públicamente que el Municipio no está en condiciones de otorgar aumentos salariales a sus trabajadores, argumento que volvió a apoyarse en la delicada situación financiera y en la necesidad de administrar con prudencia cada peso del Estado local.
Casi en simultáneo, la realidad volvió a contradecir al discurso. La esquina de 9 de Julio e Hipólito Yrigoyen, una de las más caras y visibles de la ciudad, apareció completamente ploteada para anunciar que allí funcionará la flamante Secretaría de Obras Públicas. En el mismo inmueble se concentrarán al menos cuatro direcciones más, ampliando aún más la estructura que ocupará un alquiler premium en pleno centro.
El contrasentido es evidente. Mientras se deja de pagar alquileres de menor costo bajo el argumento del ahorro, se sostiene —y se jerarquiza— uno de los alquileres más onerosos del casco céntrico. La pregunta se impone sola: ¿en qué quedamos?
La explicación oficial, hasta ahora, no aparece. Lo que sí se percibe es una lógica política antes que administrativa. La calle se perdió, los reclamos se multiplican y la gestión parece necesitar una vidriera. Abrir una secretaría en una esquina estratégica, altamente transitada, no es solo una decisión funcional: es un gesto comunicacional, una puesta en escena para intentar recuperar presencia y mostrar movimiento.
El problema es que esa puesta en escena se financia con recursos públicos, en un contexto donde se les pide esfuerzo a los trabajadores municipales y se justifica la imposibilidad de recomponer salarios. La austeridad, cuando es real, debería ser pareja. No puede aplicarse hacia adentro y diluirse hacia afuera.
Centralizar oficinas puede ser una decisión válida. Acercar áreas al vecino también. Pero hacerlo en contradicción abierta con un discurso reciente de ahorro y orden fiscal debilita cualquier argumento posterior. La coherencia, en política, no es un detalle menor: es lo que convierte un mensaje en creíble o lo reduce a mera consigna.
La lectura, entonces, resulta bastante clara. Más que una estrategia de eficiencia, la mudanza al corazón del centro parece responder a una búsqueda desesperada por mostrar gestión en un momento donde los problemas se acumulan y las respuestas escasean. Y cuando el marketing empieza a pesar más que la lógica administrativa, el costo —como casi siempre— termina pagándolo la misma parte: el Estado y quienes trabajan dentro de él.
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Ordenanza aprobada por mayoría Nº 10950
Artículo 1.- Solicítese al D.E Municipal que elabore un plan progresivo de reducción de inmuebles alquilados destinados al funcionamiento de Secretarias, Direcciones y otras dependencias del Municipio, estableciendo un cronograma de sustitución paulatina por espacios propios.
Artículo 2.- Dispóngase el desarrollo de un proyecto integral de infraestructura administrativa municipal en el lote ubicado en Avenida Calixto Calderon y Calle Padre Zacarias, con el objeto de trasladar progresivamente las dependencias actualmente alquiladas.
Artículo 3.- Instrúyase a las áreas competentes para que evalúen las distintas alternativas constructivas posibles priorizando soluciones modulares, sostenibles y de bajo costo inicial que aseguren condiciones adecuadas de trabajo y atención al público.
Artículo 4.- Promuévase la gestión ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires parta la construcción de la casa de la provincia en dicho predio contemplando en su planificación la integración funcional con oficinas municipales y la optimización del uso del suelo público.
Artículo 5.- Comuníquese, publíquese y archívese.