Hora de desempolvar lo necesario

El Congreso, docentes y padres esperaban un futuro donde cada niño, sin importar origen social o geográfico, tuviera educación de calidad para un mundo en cambio. Sin embargo, la iniciativa, aunque ambiciosa, se ha vuelto obsoleta casi antes de cumplir su propósito.

En un contexto de avances acelerados en inteligencia artificial, competencias digitales y aprendizaje flexible, las escuelas siguen con marcos normativos diseñados para un contexto que ya no existe, y la brecha entre lo ofrecido y lo necesario se ensancha, con riesgo de volverse insalvable.

A principios de los 2000, el sistema educativo argentino atravesaba una crisis profunda: desigualdad abrumadora entre escuelas de barrios acomodados (tecnología y docentes capacitados) y zonas rurales o marginales (aulas insuficientes, sin materiales básicos y docentes mal preparados). La cobertura escolar, aunque mejorada desde los ‘80, dejaba fuera a miles, especialmente en secundaria. Los currículos estaban desactualizados, centrados en aprendizaje memorístico de contenidos abstractos, sin conexión con la realidad ni demandas del mercado laboral, enseñando como en el siglo XIX.

La Ley 26.206 tuvo como propósito transformar el sistema en uno más equitativo, inclusivo y adaptado al siglo XXI. Sus disposiciones destacadas fueron expansión de cobertura hasta el segundo año de secundaria, haciendo obligatoria la educación hasta los 18 años; mejora de formación inicial y continuada de docentes (creación de institutos universitarios y programas de capacitación); introducción de tecnología en aulas (equipar todas con computadoras e internet); actualización de currículos (equidad de género, cultura de paz, protección ambiental); y creación de mecanismos de evaluación para medir rendimiento y tomar decisiones basadas en datos.

Entre los logros sobresale el aumento de cobertura hasta los 18 años: según INDEC, en 2023 más del 85% de jóvenes de 18 años completaron la secundaria, frente a menos del 70% en 2006, mejorando sus posibilidades de inserción laboral y acceso a la universidad. También hubo mejora en la formación inicial de docentes, que pasó de institutos normales a institutos universitarios con mayor calidad académica. Además, la tecnología se incorporó al día a día de muchas escuelas (aunque no de manera universal) y se crearon mecanismos de evaluación como SIMCE y PISA, que brindan datos sistemáticos sobre el rendimiento y permiten comparaciones internacionales.

No obstante, la reforma se encuentra obsoleta en muchos aspectos, especialmente por falta de adaptación a cambios post-pandemia y su incapacidad de responder a necesidades actuales de estudiantes y mercado laboral. Los currículos, aunque incorporaron temas importantes como equidad de género y protección ambiental, son insuficientes porque no incluyen alfabetización financiera, inteligencia artificial, ciberseguridad, habilidades para colaboración global o resolución de problemas complejos. La IA es omnipresente en la vida cotidiana, pero los estudiantes no conocen su funcionamiento, implicaciones éticas ni uso responsable. Además, los currículos siguen centrándose en aprendizaje memorístico, evaluando más la capacidad de recordar que el pensamiento crítico, resolución de problemas o comunicación efectiva, un obstáculo en un mundo donde el conocimiento es accesible con un clic y lo importante es su aplicación.

Por otro lado, muchas escuelas rurales o marginales aún no tienen internet o computadoras suficientes, limitando las posibilidades de aprendizaje. Asimismo, la infraestructura no está preparada para el aprendizaje mixto (presencial y virtual) consolidado después de la pandemia de Covid-19.