Candidaturas testimoniales: la legalidad no justifica el engaño

Hay una escena que se repite en Chivilcoy con una precisión casi matemática cada vez que llegan las elecciones. Se arma la lista del oficialismo, se presentan nombres conocidos, funcionarios en funciones, muchas veces con cargos de peso en la gestión, que pasan a encabezar boletas como candidatos a concejales o consejeros escolares. Todo muy prolijo, muy legal. Lo que nunca se dice, o se dice con una franqueza cínica, es que no tienen ninguna intención de asumir si resultan electos.

Se los llama “candidatos testimoniales”. Es una categoría no escrita pero tristemente instalada en la cultura de la política local. Funcionarios que se presentan sólo para arrastrar votos, prestando su imagen al servicio de una lista, como si el voto del vecino fuera un simple trámite administrativo que puede resolverse con marketing. La estrategia es transparente en su manipulación: poner en la boleta a quien ya tiene visibilidad o reconocimiento, para mejorar el resultado, y luego dejar el cargo electivo en manos del siguiente en la lista. Todo perfectamente previsto. Todo perfectamente válido. Pero éticamente indefendible.

Que sea legal no lo hace legítimo. Que esté permitido no lo convierte en respetuoso. ¿Qué se le dice al votante que apostó por ese nombre creyendo que lo representaría en el Concejo Deliberante? ¿Que se “entendía” que no iba a asumir? ¿Que era solo una forma de acompañar? ¿Y entonces para qué se vota?

El problema de las candidaturas testimoniales no es sólo su cinismo. Es que corroen la confianza, una fibra ya bastante gastada entre la ciudadanía y sus representantes. No se trata de moralinas ni de escándalos; se trata de coherencia entre lo que se promete y lo que se hace, de respeto al mecanismo democrático, de no subestimar al vecino que vota con responsabilidad y expectativa.

En Chivilcoy, esta práctica se ha vuelto costumbre. Cada elección se repite el juego de sillas: secretarios, directores, coordinadores del britismo -ahora Primero Chivilcoy.- que se anotan para encabezar listas en bancas que nunca ocuparán. El mensaje implícito es claro: no importan los nombres, lo que importa es ganar. Y para eso, todo vale. Hasta el engaño formalizado.

Es más, dentro del radicalismo opositor a la conducción de Lourdes Zaccardi que eligió sumarse a SOMOS con Britos, se dijo públicamente que aceptaron el 6to. lugar para la concejal que representa actualmente a la UCR, porque les prometieron que ingresará al Concejo Deliberante, porque varios de quienes están del 1 al 5, no asumirán funciones deliberativas.

En el caso del intendente Guillermo Britos, que es candidato en tercer lugar en la Cuarta Sección Electoral de SOMOS Bs. As. detrás del intendente de Junín Pablo Petrecca (dijo que asumirá en caso de llegar a los votos necesarios), es improbable que en el tercer lugar llegue a más de 150 mil votos, por lo que se mantendrá como intendente de Chivilcoy hasta el 2027.

No se trata de atacar a ninguna persona ni de desconocer que la ley lo permite. Se trata de exigir otro estándar de calidad democrática, uno que no use las reglas para burlar el sentido del voto. Porque cuando el lugar que debía ocupar un representante elegido lo ocupa otro, sin haber sido votado, lo que se pierde no es sólo transparencia. Se pierde representatividad, se pierde confianza, se pierde algo del contrato tácito que sostiene la democracia.

Quizás ha llegado el momento de discutir públicamente esta práctica. No para prohibir por decreto, sino para desnudarla, exponer su lógica mezquina, y empezar a construir una política que no necesite simular para convencer. Una política que no vea al votante como un medio, sino como un fin.

Las candidaturas testimoniales no son delitos. Pero sí son una falta. Una falta de respeto, una falta de honestidad, una falta de ética. Y aunque no generen titulares, aunque no sean ilegales, siguen siendo una forma de estafa política que se repite, elección tras elección, en nuestra ciudad.