El campo le pasa factura al ajuste

En una nueva señal de alerta desde el sector agropecuario, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) denunció que la paralización de las obras de saneamiento y dragado en la Cuenca del Salado ya provocó pérdidas productivas superiores a los 5.000 millones de dólares. La entidad estima, además, que el impacto económico acumulado supera los 40.000 millones.

Las críticas apuntan directamente al Gobierno nacional, que al asumir Javier Milei frenó obras claves en la región —especialmente en los partidos bonaerenses de Lobos, Roque Pérez y 25 de Mayo—, a pesar de que en 2024 figuraban entre los proyectos "prioritarios" del Estado.

 “La inacción ya ha generado un costo demasiado alto. No se trata de una demanda provincial, sino de una inversión estratégica con impacto nacional”, señalaron desde Carbap, en un comunicado difundido esta semana. El malestar entre los productores crece no sólo por las consecuencias económicas, sino también por la falta de señales concretas de parte del Ejecutivo para retomar los trabajos.

La Cuenca del Salado abarca 17 millones de hectáreas que atraviesan cuatro provincias (Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe). En esa región estratégica se concentra el 75% del stock vacuno bonaerense —que representa el 28% del total nacional— y entre el 60 y 70% de la producción de granos de la provincia, lo que equivale a casi una cuarta parte de la producción nacional. Además, la cuenca es responsable del 40% de la producción argentina de cebada y girasol, y del 20% de la leche.

Pese a la magnitud de estos números, las obras están paralizadas desde diciembre. Desde Carbap recordaron que existe financiamiento disponible a través del Fondo Hídrico Nacional, que debería ser destinado a este tipo de intervenciones, fundamentales para prevenir inundaciones, mejorar la infraestructura hídrica y sostener la competitividad del agro.

 “Hay recursos, pero están durmiendo la siesta”, lanzó sin eufemismos Alberto Larrañaga, presidente del Consejo del Salado y coordinador de la Comisión de Aguas de Carbap, al remarcar que no se trata de un reclamo nuevo, sino de una demanda histórica que volvió a quedar postergada por el ajuste.

En un contexto de liberalización de mercados, eliminación de retenciones y recortes generalizados, la motosierra también alcanzó a las obras públicas rurales, con un costo que ya se traduce en pérdidas económicas, competitividad afectada y un malestar creciente entre los productores.