La marcha del jueves
Denunciaron el deterioro de la atención a personas con discapacidad
Profesionales de Chivilcoy hablaron de una situación preocupante en relación a la atención de personas con problemas ya sea de movilidad o cognitivos. La ley se trataría el miércoles 4 de junio.
En el centro de la ciudad se replicó el pasado jueves la acción convocada a nivel nacional para la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, a través de una concentración y marcha alrededor de la Plaza Principal, con el objetivo de visibilizar la problemática de profesionales que trabajan en este campo de la atención.
Asistentes terapéuticos, enfermeras/os, psicólogas/os y otros profesionales, así como familias y representantes de instituciones, dieron a conocer la falta de pago por sus servicios desde diciembre o el pago cada tres meses, lo que sin duda redunda en el deterioro de las prestaciones y los perjuicios que esto implica para las familias y las personas en discapacidad. Contó con la presencia de funcionarios de las áreas de discapacidad y derechos humanos.
A nivel nacional, la concentración y movilización fue masiva frente al Congreso de la Nación para exigir la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, un proyecto que busca asegurar hasta fines de 2027 los derechos fundamentales de millones de personas en todo el país, de acuerdo a la información de la agencia DIB.
Vale recordar que en Chivilcoy funcionan dos instituciones que trabajan en la inclusión de las personas con discapacidad. Estas son ATIADIM y la ONG Dignidad, que están pasando por momentos financieros muy complicados.
A nivel nacional
El reclamo principal gira en torno a la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida del sector, con medidas concretas como el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social. El proyecto también contempla incentivos para que las empresas cumplan con el cupo laboral destinado a personas con discapacidad y apunta a reforzar la situación crítica de los prestadores básicos que actualmente trabajan con tarifas congeladas y pagos atrasados.
“Denunciamos el vaciamiento de ANDIS, la falta de políticas públicas y el corrimiento de perspectiva hacia modelos ya trascendidos que reemplazan derechos por asistencialismo“, señalaron desde las organizaciones convocantes, que acusan al Gobierno de Javier Milei de aplicar un ajuste brutal sobre uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Familias, trabajadores y pacientes expusieron las consecuencias del desfinanciamiento: “retrasos en los pagos a prestadores, falta de actualización de aranceles, obstáculos burocráticos para obtener medicamentos y tratamientos” y la aplicación de “normativas regresivas que afectan derechos adquiridos”.
El centro de las críticas fue la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que fue relegada a la órbita del Ministerio de Salud y perdió peso institucional. “Denunciamos la desjerarquización y las auditorías tramposas que sólo buscan recortar más”, remarcaron, al tiempo que advirtieron sobre la quita masiva de Pensiones No Contributivas, que antes se otorgaban por vía administrativa y hoy están bajo revisión constante.
La iniciativa legislativa aún debe ser debatida en el Congreso, donde el oficialismo ya expresó sus reparos por el impacto presupuestario que implicaría su aprobación. Mientras tanto, el malestar crece, las personas con discapacidad están cada vez más perjudicadas y las organizaciones no descartan nuevas movilizaciones si no hay respuestas concretas.
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