“Las familias han sido estafadas en su buena fe, esto es un centro clandestino e ilegal”

El espacio está ubicado en la calle 113 y Chacabuco y albergaba al momento de la clausura, aproximadamente unos 50 usuarios.

Durante la jornada del jueves 15 de mayo, la justicia procedió a viabilizar la clausura del lugar atento al incumplimiento del acta compromiso firmada siete días atrás en la Comisaría Primera tras la inspección ocular donde el Juez Banchero retiró documentación de interés. Cabe mencionar que los responsables se comprometían a acreditar documentación respecto a trámites en curso en cuanto a las distintas habilitaciones que amerita una institución de salud mental de esas características, cuestión que no ocurrió.

“Esto es un centro de atención clandestino e ilegal” y apuntó literal, “el centro terapéutico no existe”.

“Han sido estafados en su buena fe”, sentenció. “La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud a través de la Secretaría de Adicciones, donde no consta en absoluto la existencia de este lugar”.

Reclamo de los vecinos

“Todo se originó a partir de una nota presentada al Municipio a través de la Secretaría de Seguridad, firmada por casi 100 vecinos, que se tradujo en una denuncia presentada por el Dr. Arturo Pertosa, poniendo en marcha un expediente”, explicó el Juez de Paz, “lo primero que se realizó fue una comisión policial para la inspección y requerimiento de habilitación y documentación, siendo negada la entrada por una persona que se identificó como Pablo Alonso, quien aparentemente se abrió del lugar, por diferencias con el responsable, identificado como Julián Coronel por lo que decido presentarme con la orden de inspección para proceder”.

Falta de documentación

“Acá no hay absolutamente nada”, sentenció, “de los libros que secuestramos, no sabemos fehacientemente quién dirige el lugar, quién es el jefe médico, no existe como institución. Hemos librado oficios a todos los estamentos tanto de Salud como de Seguridad y Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

Por otra parte, sobre la situación legal de las personas con dispositivos del Sistema Penitenciario, indicó que, “los distintos juzgados no enviaban a los internos a Chivilcoy sino al Centro homónimo que había en Bragado, donde estaba el Sr. Coronel, esa clínica sí estaba habilitada, pero según me indicó el propio intendente Vicente Gatica, se incendió y se vinieron acá, alquilaron un predio y pusieron una granja, sin trámite iniciado, pero, para abrir un espacio terapéutico como éste hay que cumplir ciertos requisitos de encuadre profesional sanitario y de seguridad”.

El lugar carece de habilitación del Ministerio de Salud, habilitación municipal, del Ministerio de Justicia, la habilitación correspondiente y presentación de los planos siniestrales a Bomberos, como tampoco se presentó un dossier específico que demanda este tipo de instituciones a la Secretaría de Adicciones del Ministerio de Salud PBA; pólizas de seguro e inscripciones varias en distintas instancias provinciales, entre otras cuestiones.

“Les dimos un tiempo para acreditar algo, porque adujeron que habían iniciado algunas actuaciones pero no hay absolutamente nada al respecto”, agregó.

Desalojo progresivo

En este sentido, indicó que el contrato de locación tiene como único destino, el centro terapéutico por lo que deberá ser desalojado, “los usuarios no van a quedar en situación de calle, sino que serán reubicados de manera paulatina, es por eso que no hemos puesto plazos, para que se pueda tramitar oportunamente. Una vez desalojado el lugar, se procederá a colocar la correspondiente faja de clausura, con una consigna policial en el lugar”.

“Las familias han sido estafadas”

Así lo aseguró, “me pongo en el lugar de los familiares, he estado en contacto con varios de ellos, hay que remarcar que no hay ningún tipo de seguridad y resguardo en el lugar. En este caso, hay una denuncia formalizada y hay que cumplir con la ley que especifica que hay que clausurar, no obstante, estamos contextualizando la situación conforme a la sensibilidad del tema, en contacto con Salud Mental, con el Servicio Penitenciario, el Patronato de Liberados y los municipios para viabilizar los traslados y reubicar a cada uno de los usuarios que no son de Chivilcoy; los concurrentes que son de nuestra ciudad tienen que ser retirados oportunamente por su familia”.

“Esto es una estafa a los padres”, prosiguió, “no hay personería jurídica, no hay historias clínicas, no hay un psiquiatra encargado. Entiendo la angustia de las familias,  pero esto es totalmente inviable, en la resolución se decretó la clausura pero no en un día, sino que se mandó un oficio al Municipio para brindar alojamiento y atención a las personas que son de otras provincias -Chaco, Neuquén y Rio Negro- y localidades”.

Personas privadas de su libertad

“Esto tomó estado público dado la magnitud de la cantidad de personas”, afirmó sobre las personas derivadas del Servicio Penitenciario por distintas causas y de diferentes localidades como Mercedes, Junín y Olavarría, “16 usuarios con pulseras van a ser reubicados en otras granjas. Ya han respondido algunos jueces,  pero después tenemos otros que tienen prisión domiciliaria, sin tobillera, con causas de gravedad como robo doblemente agravado por uso de arma de fuego, entre otros delitos graves. Los jueces intervinientes con los que hablé, indicaron que el envío era a la clínica de Bragado”.

Las personas serán trasladadas por el Servicio Penitenciario. Hay seis que deberían estar en prisión domiciliaria, que están bajo la responsabilidad del Patronato de Liberados y están bajo la órbita judicial de Junín.

Usuarios de Chivilcoy

Suman unas 20 o 22 personas, quienes deberán ser retirados por sus familias o retirarse por sus propios medios. En este sentido, reiteró el avance de una mesa de trabajo en conjunto con el Municipio y distintos agentes intervinientes en la materia para atender esta demanda, “acá hay que hacer foco en el engaño sistemático por parte de los responsables de este lugar”, cerró.