“La mayor indignación en los productores es la nula correlación con la calidad de los servicios brindados”

En la Asamblea de Productores realizada el pasado sábado en el predio ferial de la Asociación Rural Chivilcoy, Horacio Salaberry, productor agropecuario y expresidente de Carbap, se refirió a la creciente presión fiscal sobre el sector y la falta de servicios acorde a los impuestos cobrados. Con un tono que mezclaba preocupación con pragmatismo, planteó la creciente carga tributaria municipal y provincial, y la falta de vinculación entre las tasas cobradas y la prestación de los servicios.

Salaberry, quien posee tierras tanto en Suipacha como en Chivilcoy (108 hectáreas detrás de la Salada), expuso un panorama en el que los tributos municipales han comenzado a superar a los provinciales, una tendencia que, según él, se ha intensificado en los últimos dos años debido a la reducción de transferencias de fondos nacionales. En un esquema de efecto dominó, la provincia, al recibir menos dinero de Nación, ajusta su presupuesto y, a su vez, los municipios buscan compensar la merma con un incremento en los impuestos locales. La ecuación es simple: menos dinero de arriba, más presión desde abajo.

Sin embargo, lo que más indignación genera en los productores no es sòlo el monto de las tasas, sino la nula correlación con la calidad de los servicios brindados. Salaberry mencionó el caso de la tasa vial, cuyo nivel de cobrabilidad en el sector agropecuario supera el 75%, frente a un escuálido 40% en la tasa urbana. “El productor paga cuando recibe el servicio. Lo entiende, sabe que los costos existen y los afronta. El problema es cuando el servicio no se ve reflejado en lo que se paga”, explicó el suipachense agregando “soy una de las víctimas de las tasas viales en este partido”.

Otra de las cuestiones señaladas fue la proliferación de tasas adicionales que terminan distorsionando la carga fiscal. Salaberry criticó la existencia de una maraña de ítems que terminan engrosando el costo de la tasa municipal sin una justificación clara. “Tenemos tasas asistenciales, de transporte, de servicios sociales... y al final, uno no sabe si está pagando por el servicio o si simplemente está aportando a un fondo general sin destino específico”, detalló.

Lejos de proponer una confrontación directa, el productor abogó por el diálogo con las autoridades municipales y provinciales, aunque no sin ironía. “Cuando los productores llegamos a discutir las ordenanzas impositivas, ya están firmadas y selladas. Hay que hablar antes con los concejales, en septiembre cuando se genera el presupuesto no en febrero, porque después es imposible cambiar algo”, advirtió. Según él, los concejales desconocen la realidad del sector agropecuario, un problema que no es nuevo pero que parece agudizarse con el tiempo. “No saben de campo, así como yo no sabría nada de farmacia si fuera concejal y tuviera que legislar sobre el tema”, comparó.

La solución es participar

Como propuesta de solución, Salaberry hizo hincapié en la implementación de modelos de consorcios viales que han demostrado éxito en otros distritos, como Benito Juárez. Allí, explicó, los productores participan activamente en la gestión de los caminos rurales, con un esquema de financiamiento que permite renovar el parque automotor y garantizar el mantenimiento de las rutas productivas. En su visión, este modelo de participación público-privada es clave para mejorar la infraestructura sin depender de la discrecionalidad política.

El debate sobre la carga impositiva y la calidad de los servicios sigue abierto, y las palabras de Salaberry no hacen más que poner en evidencia un problema estructural que, al menos hasta ahora, nadie parece dispuesto a resolver. El productor paga, pero lo hace con una duda persistente: ¿a dónde va realmente su dinero?