Talleres Protegidos se suman a un “Amparo Colectivo” para la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Federación de Talleres Protegidos de la Provincia de Buenos Aires (FETAP) ha dado un paso fundamental en su lucha por la dignificación laboral y el financiamiento de sus instituciones al presentar un recurso de amparo ante el Juzgado Federal de Campana. La acción busca adherirse a una demanda colectiva ya iniciada por organizaciones de personas con discapacidad para obligar al Estado Nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Darío Corrao, vicepresidente de FETAP, explicó que esta es la quinta instancia de reclamo del sector, tras cuatro intentos fallidos por la vía legislativa (Cámara de Diputados y Senadores) para rechazar el veto gubernamental. "Ahora vamos por la parte judicial para que un juez determine que hay que aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es fundamental para el colectivo", afirmó Corrao.

Salarios congelados

El principal problema que sufren los operarios de los talleres protegidos es el retraso en la actualización de sus ingresos. Según Corrao, los trabajadores "siguen cobrando lo mismo que hace 3 años", lo que se traduce en un promedio de $28.000 mensuales. "Hoy muchos de los operarios de los talleres protegidos de todo el país subsisten con lo que cobran, aunque parezca mentira," denunció el vicepresidente de FETAP.

Además del impacto en los trabajadores, la falta de cumplimiento de la ley pone en riesgo la sostenibilidad de las organizaciones. La Ley de Empleo Protegido obliga al Estado Nacional a apoyar económicamente a estas entidades para su sostenimiento, algo que hoy no está sucediendo. "Hoy estamos sintiendo que cada vez estamos más solos," lamentó Corrao, subrayando que las 170 entidades de la provincia, que emplean a 4.800 trabajadores con discapacidad, están haciendo una labor de contención que el Estado tiene la obligación de realizar.

Lo que se espera del amparo

Con la acción judicial, FETAP espera que el juez dicte una sentencia favorable que obligue al Estado Nacional a aplicar la ley. Esto garantizaría el cumplimiento de las acciones obligatorias, como la aplicación de la Ley de Empleo Protegido. De ser aplicada, la ley permitiría que los operarios pasen a cobrar el 40% del salario Mínimo Vital y Móvil. Esto representaría un aumento aproximado a los $120.000, una cifra que, aunque aún es baja, es significativamente mejor que lo que perciben actualmente.