El impacto de la sequía, la presión impositiva y la crisis financiera en el campo

A pocos días que la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expuso la necesidad de reducir impuestos y eliminar derechos de exportación para afrontar el impacto de la sequía, la caída de precios internacionales y los crecientes costos de producción, solicitando una reunión urgente con el Ministro Caputo; el presidente de la Asociación Rural de Chivilcoy, Juan Pablo Cileiro, se expidió acerca del tema destacando que el sector agrícola de la República Argentina “enfrenta actualmente una serie de desafíos que han afectado su desempeño y perspectivas, generando incertidumbre entre los productores y comprometiendo la sustentabilidad del sistema productivo”.

“Desde la Asociación Rural de Chivilcoy, seguimos de cerca esta realidad y continuamos elevando los reclamos de los productores a través de nuestra entidad madre, CARBAP, con el fin de lograr soluciones concretas ante una crisis que golpea fuertemente a la producción agropecuaria”, agregó sobre el posicionamiento institucional y la preocupación que recogen de los productores locales y regionales.

Impacto de la sequía y los precios internacionales

“Durante casi cuatro años, el país ha atravesado una de las sequías más prolongadas y severas de su historia reciente, lo que ha provocado pérdidas significativas en las cosechas”, puntualizó al ser consultado, “a nivel global, el precio de los cereales ha registrado una tendencia a la baja, afectando directamente los ingresos del sector”.

Asimismo, compartió que, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en 2024 el índice de precios de los cereales promedió 113,5 puntos, un 13,3% menos que en 2023, marcando el segundo descenso anual consecutivo desde el récord de 2022, “esta caída de precios se suma a la crisis de rentabilidad que afecta a los productores argentinos”, resumió.

Presión impositiva: un obstáculo insostenible

“La carga impositiva sobre el agro en Argentina sigue siendo un factor crítico que compromete la competitividad del sector”, puntualizó y alertó que a nivel nacional, los derechos de exportación “continúan castigando los cultivos clave”, como la soja (33%), el maíz y el trigo (12%), el aceite y la harina de soja (31%).

“Esta presión fiscal ha llevado a las principales entidades agropecuarias a solicitar la eliminación de estos tributos, argumentando que la combinación de la sequía y la baja de los precios internacionales ha dejado al sector en una situación límite”, detalló, “a esto, se suman los impuestos provinciales rurales, que han sufrido aumentos desmedidos, elevando los costos de producción a niveles insostenibles. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, los aumentos en el Impuesto Inmobiliario Rural han superado ampliamente la inflación, afectando la viabilidad de muchas explotaciones agropecuarias”.

Crisis financiera y efectos en la cadena de pagos

La combinación de factores climáticos, económicos y fiscales ha golpeado no sólo a los productores, sino también a empresas del sector que ahora enfrentan serios problemas financieros, “casos emblemáticos como el de Los Grobo, Agrofina y Red Surcos reflejan la gravedad de la crisis”, ejemplificó y detalló el caso de Los Grobo y Agrofina; “en diciembre de 2024, informaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su imposibilidad de cumplir con vencimientos de deuda. Los Grobo no pudo abonar un pagaré bursátil de USD 100.000 y anticipó problemas para afrontar obligaciones hasta marzo de 2025. Agrofina, en tanto, incumplió el pago de un pagaré de $400 millones”.

“Además, entre el 2 y el 6 de enero de 2025, Los Grobo registró 15 cheques rechazados por falta de fondos por un total de $1.376 millones, mientras que Agrofina tuvo 3 cheques sin fondos por $450 millones”, agregó.

Sobre Red Surcos indicó que también atraviesa dificultades financieras, “solicitó ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis y enfrenta juicios y embargos por montos millonarios. 

Estos problemas están impactando directamente en la cadena de pagos, afectando a productores de Chivilcoy y la región, quienes en muchos casos aún no han cobrado por sus granos vendidos. Se dan situaciones en las que los productores han liquidado su cereal, afrontado costos administrativos e impositivos, pero no han recibido el pago correspondiente. Esto genera un efecto dominó en toda la economía agropecuaria local, comprometiendo la continuidad de muchas explotaciones”. 

Posición de la Asociación Rural de Chivilcoy 

“Desde nuestra entidad, observamos con gran preocupación esta crisis y reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca del productor, defendiendo sus intereses y elevando sus reclamos a través de CARBAP”, respondió, “es imprescindible que el gobierno y los actores del sector trabajen en conjunto para generar soluciones urgentes que alivien la carga fiscal, estabilicen la cadena de pagos y permitan la recuperación del agro”. 

“Creemos firmemente en la necesidad de implementar políticas que fortalezcan la rentabilidad del sector, promuevan la inversión y garanticen la sostenibilidad de la producción agropecuaria. La situación actual no sólo afecta a los productores, sino que compromete el desarrollo de las economías regionales y la generación de empleo en todo el país”, cerró, “seguiremos trabajando activamente para que la voz del productor sea escuchada y se tomen medidas concretas que permitan superar esta crisis”.