¿Falta de sensibilidad o incompetencia?

Es preocupante y revela una falta de idoneidad en el gobierno nacional para abordar temas sensibles como la cobertura de salud de las personas con discapacidad.

 El gobierno ya ha tomado medidas que perjudican a la producción, el desarrollo, la economía y el consumo, pero también está descuidando sectores cruciales como el campo y, ahora, la discapacidad. El Estado no debe apartarse de su responsabilidad de proteger a los más vulnerables y de acompañar a toda la sociedad en su conjunto.

El papel del Estado no debería limitarse a simplemente permitir que el mercado funcione de forma desregulada. En cambio, tiene la función  de garantizar la equidad, la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos. Esto implica intervenir de manera activa para apoyar a los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, y asegurar que nadie quede rezagado en el proceso de desarrollo económico y social.

Es decir, el rol del Estado debe asegurar que la sociedad funcione de manera justa y equitativa. Debe actuar como un garante del bienestar de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que enfrentan mayores dificultades. Es a través de políticas y acciones concretas que el Estado puede cumplir con su deber de apoyar a los más vulnerables y acompañar a toda la sociedad en su progreso.

El borrador de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por Diego Spagnuolo, (quien logró su cargo por ser abogado del presidente) titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha generado una gran controversia.

El proyecto de decreto busca desregular la cobertura de salud de las personas con discapacidad, permitiendo que las prepagas y las obras sociales fijen los costos de las prestaciones sanitarias, lo que podría afectar a miles de usuarios del sistema. Esto significaría un cambio drástico en la forma en que se establecen los precios de los servicios de salud para las personas con discapacidad, eliminando la igualdad de acceso a las prestaciones.

En este sentido, organizaciones han denunciado esta medida, argumentando que podría generar discriminación en la atención de salud, creando diferencias entre aquellos que pueden pagar por servicios de salud y los que no. Además, se teme que esta medida conduzca a un ajuste en los recursos estatales destinados a la atención de personas con discapacidad, lo que podría afectar negativamente la calidad de los servicios.

Vale destacar que la existencia del proyecto de decreto ha sido confirmada por diversas fuentes, incluida la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que ha recibido testimonios de las organizaciones del sector. Ante la presión de las organizaciones y la preocupación por las posibles consecuencias de la medida, algunos diputados han presentado proyectos de ley para ratificar la vigencia de la ley que regula la actividad en este ámbito.

En medio de esta controversia, las organizaciones han manifestado su firme oposición a la desregulación propuesta, enfatizando que la ley vigente fue una conquista de derechos lograda con esfuerzo y que retroceder en este aspecto sería perjudicial para las personas con discapacidad y los prestadores de servicios de salud.