Alonso acompaña el pedido de declaración de Emergencia Presupuestaria de la UNLU

En una tarde cargada de preocupación por el futuro de la educación superior en Argentina, la diputada nacional por Unión por la Patria, Constanza Alonso, recibió este miércoles en su despacho del Congreso de la Nación a miembros de la comunidad de la Universidad Nacional de Luján. Entre ellos se encontraban Anabella Gei y Mauricio De Marzi, docentes investigadores, así como Federico Pescio y Gabriel De Diego, estudiantes de grado y postgrado. El motivo de la reunión fue la entrega de la Declaración de Emergencia Presupuestaria que fuera elevada al Ministerio de Capital Humano de la Nación por el Honorable Consejo Superior de la universidad, sin obtener respuesta alguna hasta el momento.

En ese marco, Alonso explicó que “en la declaración se solicita con urgencia la actualización del presupuesto universitario”, ya que se alerta sobre el riesgo inminente de interrupción de las clases en la educación superior. En tanto,  remarcó que “en representación del bloque, acompaña la declaración de Emergencia Presupuestaria de la UNLU y de todas las universidades nacionales del país”, exigiendo la declaración de emergencia presupuestaria en materia de educación superior hasta diciembre de 2024.

“Esto se debe a que el gobierno nacional prorrogó el presupuesto del año 2023, lo que ocasionó una alarmante caída real del 76% respecto del presupuesto anterior”, aseguró. “A pesar de esta situación crítica, la propuesta del gobierno de Milei contempla un aumento del 70%, pero únicamente sobre los gastos de funcionamiento, representando apenas el 5% del presupuesto prorrogado, mientras que el principal gasto corresponde a los salarios docentes, con un impactante 84,5% del presupuesto destinado a ellos”, aclaró.

Además, destacó “el gravísimo efecto de los aumentos desproporcionados en las tarifas de luz y gas, que triplicaron su valor, así como la preocupante disminución del 46,9% en las becas Progresar, que quedaron congeladas en un monto que es insuficiente de $20.000”.

Por otro lado, manifestó que “para los salarios de docentes y no docentes, la pérdida de poder adquisitivo se estima en alrededor del 50%, marcando el mayor deterioro desde el retorno de la democracia, mientras que la oferta del gobierno para su aumento es tan solo del 12%”.

Asimismo,  remarcó que desde el bloque se insta a actualizar el monto del programa Nº 26 de ‘Desarrollo de la Educación Superior’ de forma bimestral y conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), así como establecer un tope en la facturación de servicios públicos aplicando una tarifa específica para entidades de bien público.

 “En un país donde la educación es un derecho, el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, tiene la responsabilidad de asegurar la igualdad, gratuidad, laicidad y acceso a todos los niveles del sistema educativo para toda la población”, finalizó.