Las prepagas investigadas por el Gobierno por el posible delito de “cartelización”

Las principales empresas de medicina prepaga quedaron en el ojo de la tormenta y cruzados por el Gobierno Nacional, que incluye medidas que se están llevando a cabo, así como posibles acciones ante la Justicia para frenar lo que consideran un aumento desmesurado desde diciembre pasado, se expresa en un artículo del medio digital IProfesional.

El expediente que maneja la Superintendencia es -en un intercambio de información con Defensa de la Competencia- a donde dirigentes de la oposición ya iniciaron acciones hace meses cuando se dieron los primeros incrementos de diciembre del 2023 y principios del 2024, en pleno cambio de Gobierno y el arribo de Javier Milei como presidente de la Nación.

Hasta el momento, el DNU de Milei que desreguló los precios del mercado en el sector, se judicializó, pero no hubo un amparo colectivo masivo en la Justicia, sino sólo acciones individuales donde diferentes jueces sí han frenado el aumento para distintos usuarios. Incluso al día de hoy el tema sigue en discusión y hasta la Corte Suprema de Justicia tomó cartas en el asunto para dirimir qué juzgado en cuestión es quién debe resolver en función de su competencia.

Mientras tanto, según evalúan desde el Gobierno, los aumentos han alcanzado al día de hoy un promedio muy por encima del Índice de Precio al Consumidor.

Las empresas prepagas que investiga el Gobierno

El expediente que por ahora se tramita en el área administrativa, pero que en breve podría tener una denuncia penal, investiga a las empresas Swiss Medical, Medicus, OSDE Omint, entre otras.

La investigación tiene dos frentes. Por un lado, que los incrementos aplicados fueron muy por encima de la inflación, pues si bien el Índice de Precio al Consumidor fue de casi el 75 por ciento, en paralelo el aumento de las prepagas alcanzó en promedio el 158 por ciento en el mismo lapso.

En ese sentido, desde la Superintendencia se evalúa una serie de medidas para frenar esos aumentos, pero otra vía que se está analizando y podría concretarse en estos próximos días es llevar a cabo acciones ante la Justicia.

La Superintendencia se puso a disposición en las últimas horas de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a partir que desde esta área le solicitaron información y este último organismo puede aplicar sanciones económicas o bien en paralelo presentarse ante la Justicia.

Es que en Defensa de la Competencia, que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, se tomó intervención desde hace semanas a partir de una presentación hecha por los diputados de la Coalición Cívica Hernán Reyes y Juan Manuel López.

Otra de las sospechas es que hubo un acuerdo entre las distintas empresas del mercado para imponer los aumentos de manera coordinada, lo que se denomina como "cartelización" y eso es a partir del análisis porcentual mes a mes desde enero hasta abril.

De esta forma el usuario de una prepaga no cuenta con alternativa frente a los aumentos coordinados por las distintas empresas, que con el acuerdo previo se garantizan de no perder afiliados en función del posible cambio de servicio que llevarían adelante aquellos de tener opciones más económicas en el mercado.

La sospecha que tiene el Gobierno actual es que las empresas decidieron llevar adelante los aumentos en estos últimos meses, más allá del DNU firmado por Javier Milei, por haber tenido frenado los aumentos durante la presidencia de Alberto Fernández.

Concretamente, que habrían cerrado un acuerdo entre las distintas empresas del mercado y el entonces Gobierno para no frenar los aumentos, y a cambio ser favorecidos por el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) creados mediante decreto 332/2020 para que las compañías puedan pagar los sueldos del profesional de la salud y más en un contexto crítico como fueron los primeros de la gestión de Alberto Fernández por la presencia del Covid-19.