Es necesario instalar la discusión pública sobre los grandes generadores de residuos

Lo establece la normativa de la provincia de Buenos Aires que entrará en vigencia el 1 de marzo próximo, en la que se especifica que estos “generadores especiales de residuos sólidos urbanos” están obligados a presentar un plan de gestión que detalle la capacitación al personal, la separación de los residuos y el convenio con un “destino sustentable” para la disposición final”.

Así lo indicó en más de una oportunidad para LA RAZÓN, Francisco Suárez –Director de Residuos del OPDS- quien encabezó junto al Intendente Municipal, Guillermo Britos, la primera Mesa Ambiental Provincial realizada en febrero de este año, de modo presencial para la región sobre el abordaje y alcance de la Resolución y su incidencia medioambiental.

Marcos normativos y Ley de Envases

“Nos parece buenísimo que se empiecen a gestar los marcos normativos, sumado a la Ley de Envases, que creemos tiene que comenzar a tener una discusión mucho más pública, en la que participen todos los actores”, señaló al ser consultado, Darío Panelo, CEO del Grupo RSU Ambiental, operador regional de la Ruta Verde, en la que está comprendido el distrito de Chivilcoy, junto a siete municipios más, en el marco de la gestión integral de los residuos y la optimización de recursos bajo un modelo de economía circular y fomento de las cooperativas de recicladores urbanos.

“No sólo los sujetos obligados como, por ejemplo, los supermercados, cadenas de electrodomésticos, comida y comerciales, sino los receptores de esta Ley como las cooperativas de trabajo y los operadores como el caso de RSU, este es el camino para poder lograr lo que se viene bregando que es la promoción de la economía circular y la obtención de productos detenidos de los materiales reciclados. En nuestro caso como operadores de residuos venimos trabajando desde hace diez años en este esquema, así que el hecho de estar traducido en una ley nos allana muchísimo el camino y potencia los resultados en beneficio de la comunidad y su calidad de vida como así también del medio ambiente”.

“Nos parece fundamental además para el desarrollo en el interior, en nuestro caso en el marco de la Ruta Verde, ya que estos aspectos (separación en origen, gestión de residuos, educación ambiental), hay muchos generadores especiales que se dedican a vender productos entendiendo que el envase también es un commodity, por lo que esta nueva ley de responsabilidad viene a traer calificación, poner el punto sobre la i, que es generar un activo económico para aquellos que realmente se dedican a procesar como producto el residuo reciclable que son las cooperativas de trabajo”, agregó.

Ley con inclusión social y trabajo digno

En este punto, Panelo destaca como el gran aporte de esta normativa, la inclusión social y el trabajo digno, “como operadores entendemos esto como súper positivo, y que también va a dignificar nuestro trabajo, porque hasta el momento, muchos de estos generadores grandes, cuando les es ofrecido un servicio diferencial, con separación en origen, recolección diferenciada acorde a la ley, con seguro, logística y capacitaciones, terminan entendiendo que esto se debe de costear con un kilo de cartón, por lo que la ley traerá aparejado este cambio de paradigma y de comprensión de nuestro trabajo como operadores”.

La Resolución 317

 Establece que los supermercados, hipermercados, shoppings, galerías comerciales, establecimientos de servicio u hospedaje, comercios, centros de distribución, universidades públicas y privadas y dependencias de la administración pública provincial, que generen más de una tonelada de residuos al mes, deben separarlos en origen.

Además, a partir de la entrada en vigencia de la norma el 1 de marzo de este año, estos “generadores especiales de residuos sólidos urbanos” están obligados a presentar un plan de gestión que detalle la capacitación al personal, la separación de los residuos y el convenio con un “destino sustentable” para la disposición final.

Ante la falta de cumplimiento de la Resolución 317/20 por parte de algunas cadenas de supermercados y restaurantes de comidas rápidas se inició el proceso sancionatorio impuesto por la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (Ley provincial N° 13.592). El acatamiento de la norma fue previamente intimado mediante carta documento.

Desde la puesta en vigencia de la Resolución 317/20, se presentaron y finalizaron un total de 361 planes de Gestión Integral e Inclusiva de Residuos Sólidos Urbanos.

A los planes aprobados, presentados por empresas e instituciones de todo el territorio provincial, se les otorgan tres niveles de certificación, relacionados con las acciones realizadas por los generadores especiales. Así, cuando los establecimientos cumplen los aspectos ambientales, sociales y educativos del plan de gestión se les otorga un certificado A, y cuando cumplen solo algunos de los puntos estipulados reciben una certificación B o C.