En Chivilcoy
Se perdieron alrededor de 1300 puestos de trabajo en los últimos dos años
Facundo Benegas, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, habló con LA RAZON, dando un panorama al respecto al que calificó de realmente grave.Desde la Defensoria del Pueblo de la Provincia advertimos que la situación laboral en la ciudad de Chivilcoy es realmente grave, podemos afirmar que estamos frente a una situación de desempleo cada vez más creciente, -comenzó diciendo Benegas-. La pregunta es si una política económica puede calificarse como viable o exitosa si deja a nuestros vecinos sin algo tan fundamental como el trabajo. La principal política de inclusión que puede haber en un país es el trabajo y atrás de cada despido hay una familia que deja de tener su sustento diario, que quiere trabajar, que no quiere un subsidio del Estado, sino ganarse todos los días la dignidad trabajando.
¿Hay datos de la situación local?
Podemos afirmar en base a los datos objetivos que disponemos y al permanente monitoreo que la Defensoría hace con los diferentes gremios que integran la CGT, comercio e industrias locales, que se perdieron alrededor de 1300 puestos de trabajo en los últimos dos años en la ciudad de Chivilcoy. Vale destacar que el retiro voluntario es un despido encubierto y a la vez genera, no sólo un desocupado más, sino también un golpe a la industria ya que cada retiro es un puesto de trabajo que se elimina.
El cierre del complejo de producción de calzado de Paquetá representa alrededor de 690 nuevos desocupados en diciembre, sumado a los aproximadamente 200 retiros voluntarios que se fueron dando previamente. Dando un total 900 familias que dejaron de tener un ingreso. En nuestra ciudad se va a sentir fuertemente cuando el dinero de la indemnización sea consumido por las familias durante este año, una verdadera tragedia social ya que dicha firma era el principal empleador privado de la ciudad, y representa un duro golpe a la economía local ya que el dinero de los sueldos es destinado en su gran mayoría al consumo en los negocios locales que disminuyen sus ventas, incrementando la espiral en el rubro comercial, sobre todo minorista. El complejo lácteo con su empresa insignia SANCOR, como es de público y notorio conocimiento está en un compás de espera. La forma, en este caso, ha sido presionar con retiros voluntarios para achicar la planta de personal, con el claro aval del Gobierno Nacional que defiende más la rentabilidad de los accionistas que los trabajos de nuestros vecinos. Desde el 2016 a la fecha arroja la cifra de 180 puestos de trabajo perdidos en la industria láctea.
Las pymes industriales de diversos sectores de producción de otros rubros, como el caso de la firma Concentric en el 2017, dejó alrededor de 60 empleados menos.
¿Y el comercio minorista?
En el caso del comercio minorista los datos son dispares, en diversas consultas, realizadas al sector inmobiliario por la cantidad de locales desocupados, no podemos arrojar, con criterio objetivo, un número exacto, siendo los casos más representativos Musimundo, Citroën, Vertrauen, además de las pérdidas de puestos de trabajo, por goteo, de locales de ropa, regalería, etc., arrojando, en un pronóstico conservador, alrededor de 100 puestos de trabajo perdidos. Si hacemos un raconto, nos encontramos con la alarmante cifra de 1300 nuevos desocupados. Es por ello que, desde la Defensoría de la Provincia, advertimos que la situación es grave. En una ciudad como la nuestra, que supo tener pleno empleo, semejante aumento del desempleo en tan corto plazo, debería encender la alarma de las autoridades para que tomen cartas en el asunto. Las políticas deben volver a priorizar el trabajo y la producción antes que la especulación financiera, deben defender la industria nacional y la producción local antes que las importaciones descontroladas.
¿Cuál es el panorama con respecto al servicio eléctrico?
La Defensoría del Pueblo de la provincia y un grupo de intendentes presentaron ante la Justicia un recurso de amparo para intentar frenar la suba de tarifas del servicio eléctrico, el mismo recayó en el juzgado federal 4 de La Plata. Grupos de usuarios también adhirieron a la presentación, dado que decidieron sumarse porque las boletas de luz se les tornaron "impagables". Desde la Defensoría sostienen que, en vez de castigar a las empresas por no invertir, el gobierno nacional sólo castiga a los ciudadanos con más tarifas y más impuestos en un contexto económico muy complicado para los vecinos, esperando que la justicia falle a favor de la gente y frene la suba de tarifas por ser absolutamente irrazonable en este contexto económico.
Se recibieron muchos reclamos relacionados con el apagón eléctrico de la semana pasada. Reclamos que son absolutamente razonables por cierto. Más allá de las cuestiones técnicas, lo cierto es que hace 3 años el gobierno dispuso un salvaje tarifazo con la excusa de mejorar los servicios. Pero las mejoras brillan por su ausencia. Los vecinos con mucho sacrificio siguen pagando las tarifas pero los servicios dejan mucho que desear, son caros y malos. Las empresas deben invertir, tal como hemos solicitado recientemente desde la Defensoría a la Justicia.