Por Fernando Poggio
La insensatez, la irresponsabilidad y la insensibilidad
"Me sacaron la pensión por discapacidad porque mi marido también cobra una. Cuando fui a reclamar me dijeron que me divorcie así la podía recuperar, pero yo me casé con él porque lo amo”, fue el relato de María de los Angeles a LA RAZÓN, durante la marcha que un centenar de chivilcoyanos realizó solicitando que el gobierno diera marcha atrás con la injustificable decisión de cortar decenas de miles de pensiones por discapacidad. Este tipo de historias, como la de María de los Ángeles, se multiplicaron en todo el país. Historias desgarradoras que hablan de un gobierno insensato, irresponsable e insensible.
La insensatez está relacionada con una medida, a todas luces, inexplicable, no sólo desde lo político, sino también desde lo metodológico; la irresponsabilidad tiene que ver con las inimaginables y trágicas consecuencias que la quita de una pensión tiene sobre la vida de sus beneficiarios, que conlleva un riesgo sanitario gravísimo; y la insensibilidad, porque le quita el apoyo económico y la obra social, a personas extremadamente vulnerables, a quienes el Estado, en los años anteriores, había tratado como sujetos de derecho, otorgándole una pensión por su discapacidad.
La decisión de quitar las pensiones a los discapacitados no fue un error, ni el gobierno tampoco "tuvo pésima suerte” en que se vieran afectados miles de argentinos y argentinas que tenían ese beneficio como único ingreso, tal como dijo, con cinismo, la vicepresidenta Gabriela Michetti. Fue una decisión política adoptada desde el más oscuro pensamiento neoliberal.
Para este modelo, los seres humanos son números como las cuentas financieras. No hay dolor, amor, sufrimiento, sueños, proyectos, en definitiva, vidas. "Dejemos de pagar cerca de 4000 millones de pesos por año en estas pensiones para achicar el gasto público”, habrá señalado algún funcionario tecnócrata, sin ocurrírsele otra cosa que reducir en la seguridad social. Jamás se le pasaría por la cabeza presentar un proyecto en el que esa reducción se realice sobre los millonarios montos que se destina en la publicidad de los medios amigos, que este gobierno duplicó, y que le ayudan a disfrazar estas medidas como "necesarias para sacar el país adelante” o para "combatir las mafias de los pensionados”.
Lo realizado con las pensiones ya ocurrió con otros planes y programas. Uno de ellos fue el Plan Qunita, que fue implementado para mejorar las condiciones de vida de los recién nacidos. Su instrumentación permitió reducir en un punto la mortalidad infantil, que significaron salvar 700 vidas de bebés por año. Una inexplicable decisión del Ministerio de Salud del gobierno actual, que lo desactivó a partir de un supuesto defecto en las cunitas y la posterior intención del juez Claudio Bonadío de mandarlas a quemar, volvieron a generar ese riesgo sanitario de niños y niñas de los sectores más vulnerables de la población. Todas las denuncias sobre la calidad de los productos entregados fueron desmentidas por infinidad de asociaciones especializadas.
Al igual que lo hizo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el fallo del 2x1 a favor de los genocidas, la reacción y el repudio de la comunidad les puso un freno. Y tal vez, una buena parte de esa sociedad que creyó en las promesas de este gobierno, le dijo que éste sería el último "error” que le permitiría cometer, porque en octubre, no se volvería a equivocar.