Intendentes demandan al Gobierno Nacional por desvío de fondos para rutas nacionales

El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, acompañado por un grupo de 20 intendentes del interior bonaerense, presentó hoy una demanda judicial contra el Gobierno de Javier Milei, en la que lo acusan de desviar fondos destinados a la conservación y ampliación de la red de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires. Esta acción legal se basa en la paralización de las obras viales desde diciembre de 2024, lo que ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad en la red vial.

La demanda busca alertar sobre la falta de transferencia de fondos provenientes de impuestos, específicamente del Impuesto a los Combustibles, que por ley debían destinarse a un fideicomiso para financiar el mantenimiento de la infraestructura vial. Según la denuncia, estos fondos nunca fueron depositados en el fideicomiso, lo que provocó una caída del 85,9% en las inversiones de Vialidad Nacional en las rutas bonaerenses durante el año 2024.

El escrito presentado destaca que la paralización de las obras pone en riesgo la seguridad de los usuarios de las rutas nacionales, que comprenden unos 4.000 kilómetros de trazado en las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 33, 188, 205 y 226, afectando a 57 municipios bonaerenses. A raíz de esto, los intendentes y Katopodis piden a la justicia que se ordene al Gobierno Nacional la reactivación inmediata de los trabajos y se brinde información sobre el destino de los fondos, que ascienden a 200 mil millones de pesos recaudados mediante el Impuesto a los Combustibles y 1 billón de pesos provenientes del Impuesto PAIS, los cuales nunca llegaron al fideicomiso.

“Cada vez que se carga combustible, un tercio de lo que se paga debería destinarse al mantenimiento de las rutas, pero hoy ese dinero no llega a su destino. Las rutas están en un estado total de abandono”, explicó Katopodis tras una reunión con los alcaldes de los municipios afectados, realizada en Luján.

En la denuncia se cita la ley 23.966, que establece que el 28,58% de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles debe destinarse al Fideicomiso del Transporte, y de esa cantidad, un 50% debe ser destinado al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Sin embargo, se señala que solo el 40% de los fondos previstos fueron transferidos, quedando un déficit de más de 349 mil millones de pesos.

Además, la demanda también hace referencia a un desvío adicional de fondos bajo el Decreto 193/24, que establece que el 28,2% de lo recaudado por el Impuesto PAIS debería haberse destinado a obras de infraestructura, incluidas las viales. Sin embargo, solo se ejecutó un 2% de estos fondos, lo que dejó sin utilizar cerca de un billón de pesos.

El reclamo fue respaldado por los intendentes de municipios como Escobar, Luján, Exaltación de la Cruz, Ramallo, Mercedes, Cañuelas, Bragado, Chacabuco, Azul, y varios otros, quienes advirtieron que la falta de inversiones viales pone en peligro la seguridad de millones de habitantes y usuarios de la red vial.

En paralelo, el informe elaborado por el gobierno bonaerense detalla que, además de la caída en los mantenimientos, no se registraron avances significativos en proyectos clave de infraestructura, como la Autopista Presidente Perón, la Variante Chacabuco de la Ruta 7, la Autovía Ruta 3, y otros trabajos de gran relevancia para la región.

Los intendentes y Katopodis también anunciaron que, de no obtener respuesta favorable de la justicia, se contemplarán futuras acciones penales contra los funcionarios responsables de la retención de estos fondos.