Los jueces de la Cámara del Crimen aseguran que la reforma judicial es inconstitucional

Los jueces de la Cámara del Crimen de la Capital Federal manifestaron por unanimidad su rechazo al proyecto de reforma judicial que anunció la semana pasada el presidente Alberto Fernández, al considerarlo inconstitucional porque "desguaza" por completo a ese fuero.

El texto que divulgó el diario Clarín está firmado por los camaristas Alberto Seijas, Mariano González Palazzo, Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich, Julio Marcelo Lucini, Mauro Antonio Divito, Ricardo Matias Pinto, Mariano A. Scotto, Ignacio Rodríguez Varela, Hernán Martín López, Magdalena Laiño y Pablo Guillermo Lucero.

El proyecto oficial propone crear 23 nuevos tribunales federales en la Capital y apunta a terminar con la Justicia que actúa "en función del clima político", según aseveró el Presidente.

Luego subrayó que esa ampliación se hará a través de la fusión de los fueros Federal y Penal Económico y que ha tenido en cuenta "la necesidad de adecuar la labor a la necesidad que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio".

"De esta manera buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática", subrayó.

Para los magistrados, la eventual sanción de la reforma por parte del Congreso “afectaría el funcionamiento de los Tribunales de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, a sus magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados”.

La Cámara del Crimen de la Capital Federal se especializa en víctimas de homicidios, lesiones, despojos, violencias familiares, abusos sexuales, fraudes y criminalidad organizada en general, así como la debida atención de los niños en conflicto con la ley penal y el resguardo de las personas detenidas contra los abusos e indebidas penurias a los que pudieran encontrarse expuestos.

Los camaristas se quejaron porque señalaron que en el proyecto oficial se omite "toda referencia a la suerte que han de correr sus magistradas y magistrados, que quedarán por completo privados de funciones una vez que se agote el trámite de las causas pendientes, lo que habrá de ocurrir en un tiempo relativamente breve una vez verificadas las transferencias de las competencias”.

Advirtieron, además, que “el traspaso de las magistradas y los magistrados de la Justicia Nacional podría generar reparos de índole constitucional, en la medida en que podría verse afectado el principio de inamovilidad de los jueces”. También objetaron “la pretensión de privar a nuestro fuero de toda competencia y, consecuentemente, de jurisdicción, con el alcance de una suspensión de hecho o una suerte de puesta en comisión de las juezas y los jueces”.

En el texto, los camaristas hicieron hincapié en “la prohibición de establecer comisiones especiales y la debida vigencia sin condiciones de la garantía del juez natural, sería también vulnerado con la pretensión de que las juezas y los jueces de nuestro fuero, en su rol de subrogantes de juzgados inexistentes, además monopolicen durante un año el conocimiento en las causas nuevas que ingresen al fuero unificado”.

En la acordada señalaron que la iniciativa del Gobierno carece de datos para un diagnóstico sobre el funcionamiento de la Justicia como “la cantidad de casos ingresados en cada uno de ellos, resoluciones interlocutorias o definitivas dictadas y situación de las personas procesadas y condenadas”. Esa omisión, resaltó, “seguramente ha llevado a ignorar las características y cualidades del servicio de justicia prestado por el fuero Nacional en lo Criminal y Correccional”.

Fuente Gaceta Mercantil