Desplazamientos en Desarrollo Social y nueva norma para evitar sobreprecios
Se trata de Gonzalo Calvo. El Gobierno anunció que llamará a una nueva compulsa con precios máximos.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, desplazó de su cargo a Gonzalo Calvo, el funcionario que autorizó las compras de alimentos a un precio superior a los valores recomendados por el Gobierno, y otros funcionarios de esa área seguirían el mismo camino tras haber presentado su renuncia esta tarde. En tanto, se anunció oficialmente la marcha atrás la licitación de la polémica, tal como lo había adelantado ayer el presidente Alberto Fernández.
Fuentes del Gobierno nacional indicaron que Arroyo le pidió la renuncia a Calvo (un hombre del intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares), quien ocupaba la secretaría de Articulación de Política Social y había estado a cargo de la polémica licitación en la que se detectaron precios de compra hasta un 62% superiores a los estipulados por el propio Ejecutivo como precios máximos para la venta en comercios minoristas.
En tanto, trascendió que en las últimas horas otros 14 funcionarios del área habrían presentado su renuncia y que su salida quedaría oficializada este miércoles.
Gonzalo Calvo, el funcionario despedido por la polémica compra de alimentos. (Archivo)
La polémica estalló ayer, luego de que se diera a conocer la compra de alimentos a comedores que contenían precios que superaban hasta en un 62% los “precios máximos” establecidos por el propio Gobierno para los comercios minoristas.
Desde la Casa Rosada se precisó que ayer, luego de que se conociera la licitación, el ministerio inició una investigación sumaria para determinar las responsabilidades, y de allí surgió el pedido de renuncia de Calvo. En tanto, se indicó que “se está haciendo una revisión de los circuitos administrativos y de otras áreas”, y que frente a ello “no se descartan más cambios”.
Marcha atrás
En tanto, en Desarrollo Social confirmaron la revocación de las licitaciones de aceite y azúcar que estaban por encima del precio testigo de SIGEN, y anunciaron que realizará un nuevo llamado para adquirir estos productos. Para ello, además, se establecerán precios máximos.
La decisión de echar por tierra con las licitaciones había sido adelantada anoche por el presidente Alberto Fernández, quien indicó que “como esta compra se hizo pero todavía no se pagó, le pedí al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que no se pueda hacer ninguna compra sin respetar los precios máximos que fija el Estado”.
Ahora, el Gobierno decidió a través de una resolución que el Estado “no podrá en ningún caso abonar montos superiores a los precios máximos” fijados por la Secretaría de Comercio Interior en los procesos de compra que se realicen para atender la emergencia sanitaria por coronavirus.
La disposición también tendrá alcance en los procesos de compra “en los que se hubiere realizado el acto de adjudicación y hubiera obligaciones de pago pendientes de cumplimiento” y aclara que “en todos los casos, se procederá a pagar exclusivamente hasta el monto correspondiente a la aplicación de la resolución, respetando los precios máximos allí previstos”.
En la medida se recordó, además, que la Secretaría de Comercio “dispuso por el término de 30 días corridos desde su entrada en vigencia, la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general, a los valores vigentes al día 6 de marzo del presente año, autorizando su prórroga en caso de persistir las circunstancias de excepción que la motivaron”. (DIB)