Avanzan con cambios con trasfondo político en el Tribunal de Cuentas bonaerense

El 4 de enero, cuatro vocales juraron sus cargos: Gustavo Diez y Ariel Pietronave, que supervisan las cuentas del Ejecutivo provincial fueron nominados por Cambiemos y Juan Pablo Peredo y  Daniel Chillo, que se ocupan de las municipalidades, que responden respectivamente al peronismo y al Frente Renovado.

Con ese movimiento, ´fruto de un acuerdo político, el Tribunal, que preside Eduardo Grimberg, quedó normalizado tras largos meses de vacancia. Pero cuando todo parecía encaminado, el impulso a un cambio en la estructura organizaciones elevó la tensión interna y desató alarmas que incluso se refieren a su independencia.

Es que una de las claves de esas modificaciones, que serán votadas mañana, es la reapertura de la Secretaria Jurídica, una oficina interna que estará encargada de evaluar la juridicidad de los fallos que emitan los vocales y que había sido discontinuada pocas semanas antes del fin del gobierno de Daniel Scioli, por decreto.

Ahora, la secretaría está contenida en un nuevo organigrama que será aprobado mañana y que fue presentado por uno de los representantes del oficialismo, Pietronave, que es cercano al intendente de Lanús, Néstor Grindetti. La clave es que esa secretaría estará bajo la órbita del "cuerpo", como se dice en la jerga interna.

Eso quiere decir que el nombramiento de quien estará al frente surgirá de la negociación política entre el presidente y los cuatro vocales y no a partir del mérito técnico de quién ocupe el estratégico sillón, lo que abre la puerta a que su independencia se vea estructuralmente afectada.

Además, hay otros cambios consensuados. La secretaría de Modernización pasará a estar controlada también por el cuerpo, por lo que no dependerá más, como hasta ahora, de la presidencia Lo mismos que as secretarías de Análisis Técnico y Coordinación de Delegaciones.

Al mismo tiempo, se establecerán cambios en el modo de selección del personal que se desempeña en el Tribunal. Se trata de un punto álgido, ya que muchas veces se han denunciado excesos en ese sentido que tiene que ver con el ingreso de personas con respaldo político, más allá de que cumplan los requisitos legales.

Los que defienden los cambios, justamente, afirman que aumentará la transparencia del funcionamiento del organismo, clave en el manejo de las cuentas de los principales poderes públicos de la provincia, que debe emitir fallos el próximo 30 de abril sobre el uso de fondos por parte del Ejecutivo provincial y las comunas. 

FUENTE: DIB