Sigue adelante el proyecto del Gobierno para bajar a 15 años la edad de imputabilidad

A poco de iniciarse la campaña electoral por su reelección, Mauricio Macri impulsará la discusión en el Congreso de la baja a los 15 años de la edad de imputabilidad para aquellos delitos considerados graves, que tengan una pena privativa de la libertad superior a los 15 años de prisión.

Eso establece el proyecto de régimen de responsabilidad penal juvenil que la Casa Rosada presentará en los próximos días y cuyos lineamientos principales ya fueron anticipados a los legisladores oficialistas.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, ya convocó a diputados y senadores de Cambiemos para el próximo martes a un encuentro en la sede de la cartera a su cargo en el que les entregará el proyecto de ley redactado por la comisión especial que presidió el jurista radical Ricardo Gil Lavedra.

La iniciativa crea una "Justicia especializada" para los menores que baja de 16 a 15 años la edad de imputabilidad y establece penas de prisión para la tentativa y la comisión de los delitos de homicidio, violación, robo con armas de fuego y secuestro y extorsión.

Entre los 16 y los 18 años, los adolescentes serán sometidos a proceso cuando hayan cometido delitos con penas superiores a los dos años de prisión, pero los fiscales podrán optar por una serie de "mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos" con el fin de evitar las privativas de la libertad.

"Necesitamos un sistema que haga ver a todo joven que infringió la ley que sus actos tienen consecuencias", sostiene uno de los instructivos entregados a legisladores en una reunión celebrada ayer (jueves) en la Casa Rosada.

En defensa de una iniciativa que generará polémica, sobre todo en un año electoral, el Gobierno hará hincapié en que el régimen penal juvenil garantizará el debido proceso de los menores, situación no contemplada en la actualidad.

El sistema de minoridad vigente fue promulgado por la última dictadura militar, en 1980 y tiene un sesgo inquisitivo y tutelar que no discierne entre menores en estado de vulnerabilidad de aquellos que violan la ley penal.

Este es otro de los puntos en los que el oficialismo pondrá énfasis a la hora de defender el proyecto.

En ese sentido, también se destacará que el sistema propuesto ofrece una serie de mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, cuyos principios de oportunidad quedarán en manos de los fiscales y que servirán como alternativas a la aplicación de penas privativas de la libertad de los menores y adolescentes.

Entre esas medidas figuran la mediación, la suspensión del juicio a prueba, la conciliación, medidas socioeducativas y disciplinarias y acuerdos restaurativos del daño producido por el menor en la comisión del delito por el que se encuentre procesado.

Fuente: Gaceta Mercantil.