Por qué la Justicia investiga a Macri, Aranguren e Iguacel en el caso de las usinas

Un fiscal federal comenzó una investigación penal sobre el proceso de privatización de dos centrales termoeléctricas por las que está denunciado el presidente Mauricio Macri, su gabinete energético y su primo, el extitular de IECSA, Ángelo Calcaterra.

IECSA era la encargada de la construcción junto a la filial de la española Isolux, que en su país de origen quebró.

Se trata de las centrales Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y Brigadier López, en Santa Fe, que ya cuentan con empresas preclasificadas para ganar la compulsa.

En ambas participa la empresa Central Puerto, propiedad de Nicolás “Niki” Caputo y Carlos Miguens, que es la principal compañía privada con la generación de casi el 18 por ciento de la energía con 3.800 MW de generación.

El mejor amigo del primer mandatario compite en soledad para la quedarse con la usina santafesina, mientras que en la otra licitación lo hace solo con la estatal YPF.

La causa se encuentra temporalmente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, hasta el regreso de su colega Daniel Rafecas, de licencia veraniega.

Según se supo este lunes, el fiscal federal Gerardo Pollicita decidió avanzar con la investigación de disposiciones del exministro de Energía Juan José Aranguren y de su sucesor, el también renunciado Javier Iguacel, además de varios miembros de Integración Energética Argentina SA (Ieasa), el organismo que sucedió a la disuelta Enarsa.

En su requerimiento de instrucción, Pollicita decidió que debe investigarse la denuncia presentada a finales de noviembre pasado por los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana.

Sin imputar directamente a Macri, Aranguren e Iguacel, decidió darle impulso a la pesquisa por los posibles delitos de administración fraudulenta en perjuicio de Estado, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, cohecho, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Además de Macri, Aranguren, Iguacel y Calcaterra están siendo investigados el presidente de Ieasa, Mario Dell Aqua -expresidente de Aerolíneas; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas, Alberto Brusco (también un exIECSA); el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Piccinini; y el expresidente de Enarsa, Hugo Balboa.

El eje central de la denuncia es que ambas centrales (cuyo resultado operativo financiero fue positivo para el Estado) serían privatizadas partiendo de una tasación que estaría 400 millones de dólares por debajo de su valor real.

Eso sumado a que el Estado rescindió los contratos de construcción que tenían IECSA e Isolux pagando una compensación de 1.600 millones de dólares para sacarlos de la obra antes de tiempo, obra que estaba a cargo de empresas asociadas al kirchnerismo.

Esa rescisión fue aprobada por Enarsa en diciembre de 2016 y negociada entre Balboa y Calcaterra por orden de Aranguren.

La Unión Transitoria de Empresas de IECSA e Isolux había solicitado -con el cambio de Gobierno- una redeterminación de precios por la obra adjudicada durante el gobierno anterior, en 2010, de casi 9.000 millones de pesos. Enarsa acordó pagarle más de 500 millones y comprarle material para terminar la construcción por otros 1.100 millones. Y no hubo penalidades por la obra inconclusa.

Brusco y Piccinini pasaron de IECSA al gabinete de Aranguren y quedaron en el comité de revisión de las redeterminaciones en lo concerniente a las termoeléctricas.

El proceso licitatorio donde Caputo pasó al frente incluye -además de las centrales- los contratos de venta de energía con Cammesa, el personal y la deuda por el financiamiento obtenido para la finalización de su construcción. En Cammesa tienen un pie Caputo y su socio Miguens.  

Este proceso se disparó con la firma del decreto 882/2017 de Macri del 1º de noviembre de 2017. Iguacel modificó los pliegos de condiciones eliminando la exigencia de asociarse con un “operador técnico” si las empresas licitantes no eran generadores en actividad de energía, lo que abrió el juego a inversores de amplio espectro.

También suprimió el plazo de 14 meses para culminar las obras pendientes y modificó los “montos mínimos” a pagar en efectivo según la nueva tasación de las centrales.

Esto provocó que la central Barragán fuera tasada por el Estado en 305,9 millones de dólares con un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones, mientras que la Brigadier López se valuó en 207 millones de la divisa estadounidense con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones.

Lo que no se pagara en efectivo podía acreditarse mediante los bonos de deuda que ofrece Cammesa conocidos como Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir (LVFVD).

Caputo es uno de los grandes tenedores de esos bonos y avanza como favorito para los dos emprendimientos, lo que llevaría a Central Puerto a consolidarse como líder del segmento privado de generación eléctrica con casi el 25 por ciento del mercado.

El dilema con el precio de tasación es que equivale a tres años de resultados operativos como los obtenidos en 2017, antes de impuestos, que fueron de 121 millones de dólares para Barragán y de 62 millones para Brigadier López.

Por esto, la Justicia deberá decidir primero si concede una medida cautelar para frenar la privatización si la considera conectada a otra causa que avanza por el proceso de construcción de las centrales, y determinar si existió una maniobra orientada a la venta de activos estatales estratégicos a “precio vil”, lo que equivale a una defraudación al Estado.

Fuente: Gaceta Mercantil.