Se presentaron diez consorcios para invertir US$ 6000 millones en rutas

El Gobierno nacional inició hoy el proceso licitatorio para obras viales en 3.353 kilómetros, bajo la modalidad de Participación Público Privada, al cual se presentaron 10 consorcios con 32 ofertas, para obras que demandarán una inversión de US$ 6.000 en seis corredores que estarán en concesión por 15 años.

Entre las compañías que se presentaron se destacan el grupo Techint, la constructora de Eduardo Eurnekian, Roggio, Rovella Carranza y MSU Infraestructura. En total, son más de US$ 10.000 millones en ofertas, según se conoció en el acto de apertura del que participaron el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el de Finanzas, Luis Caputo, y Javier Iguacel, titular de Vialidad.

Al respecto, Iguacel explicó que entre las tres etapas de licitación con la modalidad PPP se crearán 45.000 puestos de trabajo. Hoy recién se recibieron las ofertas para la primera etapa, que incluye la construcción de 1494 kilómetros de rutas seguras, 252 de especiales y 813 de autopistas, distribuido en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

Si bien hubo ofertas para los seis corredores, el A -que incluye la construcción de 124 kilómetros de autopista y 498 de ruta segura para el tramo de la 226, que une Azul con Mar del Plata, y en la 3, desde La Flores a Coronel Dorrego- fue la licitación que tuvo más demanda, con ocho oferentes.

La sociedad Benito Roggio e Hijos y José J. Chediack se presentó en la mayoría de los corredores (A, B, C, F y Sur), al igual que Techint, que ofertó junto a la empresa española Acciona Concesiones (corredores A, B y C). José Cartellone Construcciones, en tanto, se presentó para las licitaciones de los corredores A, C y F.

Se trata de la primera vez en la historia que se aplicará la participación público-privada (PPP) para la inversión en obras públicas de infraestructura. Esta herramienta establece un régimen para fomentar la inversión de empresas privadas en obras de gran envergadura en sociedad con el Estado y fija para ello una serie de obligaciones, sanciones por incumplimiento y formas de ejecución. Además, permite que las empresas en las que el Estado nacional, las provincias o los municipios tengan participación puedan también ser contratistas, en competencia con las firmas de capital privado.

Los consorcios cuentan con 4 años para construir la infraestructura. Después, tendrán un plazo de diez años para recobrar lo invertido. Lo harán a través de los peajes que cobrarán en los corredores, y también por un fondo específico que se creará. Allí, por ejemplo, estarán algunos impuestos actuales al gasoil que se utilizarán para obras de infraestructura.

Aún queda la apertura de las ofertas económicas para ver qué grupo se queda con cada licitación (cada consorcio puede adquirir hasta un máximo de dos proyectos). La fecha límite para analizar las propuestas es el 10 de mayo; y entre el 16 y el primero de junio se realizará la adjudicación y la firma de la licitación. (DIB) FD