Piden llevar a Scioli y ex funcionarios a juicio oral en megacausa por corrupción

La causa había iniciado por una denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió por lavado de dinero, pero el fiscal decidió acusarlo de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y por recibir dádivas cuando estuvo al frente de la Gobernación.

Además de Scioli irán a juicio oral, si es que la jueza de garantías Marcela Garmendia lo acepta, su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez; su segundo, Walter Carbone (conocido como el hombre del dragón); el ex director de Aguas Bonaerense, Gullermo Scarcella; el ex ministro de Salud, Alejandro Collia; el ex titular del IOMA, Antonio La Scaleia, y el empresario Ricardo Estanislao Miller, entre otros. 

La causa contra Scioli tiene varios desdoblamientos, pero el fiscal decidió elevar solo cinco de ellos a juicio, y tiene que ver con la supuesta adjudicación irregular y cartelización de la obra pública, millonarios contratos irregulares en ABSA, facturas truchas emitidas desde la Jefatura de Gabinete y con el programa "Soluciones Ya" y una larga serie de maniobras de fraude con internaciones domiciliarias y medicación oncológica. En la que están implicadas un total de 48 personas. 

A Scioli lo acusa de haber adjudicado de manera irregular nueve obras públicas para construir Unidades de Pronta Atención en la provincia por $ 117 millones al empresario Miller que luego le compró un terreno en Villa La Ñata -donde vive Scioli- y con el que tenía una relación personal y comercial. En el escrito el fiscal considero que el ex candidato a presidente recibía "dádivas" de parte del empresario. En concreto, la firma de Miller compró en 2016 el predio por US$ 3.850.000. Scioli había incluido el terreno en su declaración jurada de 2017 con una valuación de $9 millones, pero meses más tarde lo vendió en casi $62 millones.

Scioli llegará a la instancia oral, no antes del segundo semestre del próximo año, inhibido por $189 millones, al igual que Collia, y Miller. En caso que la jueza Garmendia acepte el pedido del fiscal, la defensa del ex gobernador y el resto de ex funcionarios apelarán ante la Cámara, lo que demorará el trámite. Además, hay que recordar que a mediados de septiembre la Comisión Bicameral para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios aprobó un pedido de juicio político contra Garganta.

La otra investigación troncal es la relacionada al funcionamiento de ABSA, la empresa estatal de aguas y cloacas, entre 2009 y 2015. El presidente de la firma durante toda la anterior gestión fue Scarcella, un operador judicial muy cercano a Scioli, sindicado como su presunto testaferro en la denuncia de Carrió. El ex funcionario está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública, al haber efectuado 22 contrataciones irregulares de maquinarias por $62.716.000.

Asimismo, la megacausa tiene como uno de sus ejes una vinculación a supuestos delitos de corrupción en IOMA durante la gestión del La Scaleia, donde se investiga un gigantesco fraude por más de 650 millones de pesos entre mediados de 2013 y fines de 2015. Aquí, para el fiscal, una veintena de personas crearon un circuito paralelo en relación al trámite del servicio de internación domiciliaria para beneficiar a cinco empresas. 

FUENTE: DIB