Buenos Aires: el peso de la Nación sobre nuestras espaldas

Todos sabemos que nuestro país, según la Constitución Nacional, adopta la forma federal de gobierno. ¿Qué significa esto? En principio, que los Estados provinciales existieron antes que el Estado nacional. Por unión de las provincias, entonces, se creó un gobierno supremo que las abarca a todas ellas y tiene competencias (autoridad) sobre determinados asuntos. Para esto, las provincias tuvieron que cederle dichas potestades a la nación, pero conservaron la autonomía y todas aquellas competencias que no han delegado en el gobierno nacional.

Las provincias tienen sus propias constituciones, sus propios gobernantes y sus propios jueces, así como también son quienes gestionan la educación, la salud y la seguridad en sus territorios. Sin embargo, su autonomía está seriamente acotada debido a que todas han delegado en el gobierno Nacional la facultad de crear y recaudar los impuestos más importantes, que luego les deben ser devueltos en forma de “coparticipación federal”.

El problema es que, con el paso del tiempo, la nación se fue quedando con una porción cada vez más grande la torta a repartir mientras que las provincias asumían mayores gastos. Es así como hoy tenemos un Estado nacional que se lleva el 70% de los recursos que se generan y les reparte a las provincias el 30% restante, mientras que estas deben asumir aproximadamente el 60% de los gastos totales a cubrir (educación, seguridad, salud, justicia provincial, salarios de empleados públicos, transferencias a municipios, obras y servicios locales).

Hasta aquí el primer debate. Está claro quién es el ganador. Para el segundo debate les voy a adelantar la respuesta. Los bonaerenses somos los grandes perdedores.

En nuestra provincia vive el 40% de los argentinos y aportamos el 40% de los recursos tributarios que se recaudan en todo el país. Sin embargo, en relación a lo que discutíamos antes, nosotros también fuimos perdiendo ingresos a manos de otras provincias y de la Nación. Al punto tal que hoy solo percibimos el 19% de los recursos que se reparten entre las provincias y si lo comparamos con el total de lo que se recauda entre provincias, nación y municipios, recibimos menos del 10%.

Un caso paradigmático que refleja esta situación de enorme injusticia es lo que obtiene Buenos Aires por el “Fondo del Conurbano”, creado en los años 90 para reparar la situación de inequidad que se generaba con el reparto de la coparticipación. Intuitivamente, uno pensaría que todo el dinero del fondo tiene que ir a la provincia de Buenos Aires, específicamente a la zona del conurbano. Lamentablemente no es así. El fondo se compone del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias. A Buenos Aires se le impuso un tope en 1996 para que no reciba más de $650 millones y el excedente debe ser repartido entre las 23 provincias restantes. Con la inflación, este tope quedo totalmente desactualizado y, por ende, su objetivo desvirtuado. Hoy Buenos Aires recibe solo el 1,3% del fondo. En 2015 esto significó $ 40 por cada bonaerense mientras que los cordobeses recibieron $1.158 y los fueguinos $3.780.

Es evidente que las demás provincias son beneficiadas a costa nuestra, amén de que en nuestro territorio vivan el 40% de los pobres de la Argentina, contradiciendo el mito de que somos una provincia rica. Los pobres del conurbano bonaerense subsidian a los ricos de Formosa, diría un profesor de finanzas públicas.

Mientras nosotros nos esforzamos lograr un 60% de ingresos propios, hay provincias en las que sus recursos dependen en un 90% de los que les coparticipe la Nación. No tienen incentivos a progresar, a desarrollar sus economías cuando saben que todos los meses está el cheque depositado. En un principio, la cesión de recursos de las provincias más desarrolladas a las menos, fue un intento de utilizar la coparticipación como una herramienta que permita lograr un desarrollo equitativo en toda la Argentina. Pero para eso, la ley de coparticipación tendría que ser mucho más dinámica de lo que hecho es. Décadas después, los resultados fueron que las provincias más pobres siguen siendo pobres y las más desarrolladas se han empobrecido.

La solución es política. Ninguna de las provincias va a resignar recursos en desmedro de otra y por ello la Nación debe ceder parte de sus ingresos para incrementar las arcas provinciales de aquellas que hacemos el mayor esfuerzo. Otra alternativa es un cambio radical del sistema, logrando un esquema federal real, en el cual cada provincia recauda sus impuestos y es libre de ejecutar sus políticas como así lo desea. De esta forma se premia a las provincias cuyas gestiones se preocupan por generar un desarrollo económico sustentable incentivando la creación de empresas, por ende de riqueza, logrando una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Está claro que nuestro reclamo es válido y debemos seguir luchando por lo que nos pertenece con el objetivo de recuperar los fondos perdidos pensando en un futuro mejor para todos los bonaerenses.

Martin Herscovich

Economista. Maestrando en Gestión Pública y Desarrollo Gubernamental