El gobierno de Macri compromete los recursos naturales de las futuras generaciones

No satisfecho con la ruinosa negociación con los fondos buitres, el presidente de la Nación Mauricio Macri ha profundizado el endeudamiento y el compromiso a futuro de generaciones de argentinos, al permitir que el conjunto de los recursos y riquezas naturales se constituyan como garantía en todos los endeudamientos externos pactados en el curso del año 2017 y como respaldo de los pagos de servicios de intereses.

En los últimos 16 meses el endeudamiento externo ha crecido exponencialmente, incrementándose el del sector público en casi U$S 90.000 millones, de los cuales U$S 80.000 millones corresponden a la Nación y alrededor de U$S 9.600 millones a los estados provinciales.

Son de suma gravedad los efectos que pueden producir en los argentinos los decretos 29/2017 y 231/17 publicados en el Boletín Oficial los días 12/01/2017 y 06/04/2017 respectivamente; firmados por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña Braun, y el Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Andrés Caputo. Los mismos facultan al Ministerio de Finanzas a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales sitos en Nueva York y/o Londres, en aquellos montos de deuda que no superen los U$S 20.000 millones así como también, faculta al Ministerio de Finanzas a incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales, en este caso con sede en la Confederación Suiza, en tomas de deuda que no superen los 3.000 millones de francos suizos, y de no cumplir con los pagos, tendría que ceder sus recursos naturales para cumplir con los compromisos financieros contraídos.

En los decretos se deja constancia que la Argentina renuncia a la defensa de inmunidad soberana, lo que implica que si el país ingresara en default debería someterse a los tribunales arbitrales de Nueva York, Londres y Suiza y sus recursos naturales serían la garantía de pago.

En los decretos sólo se exceptuaron los artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación de la renuncia a la inmunidad soberana, dejando al margen de esta protección a los recursos minerales estratégicos incluidos en el artículo 236, el que se refiere a los bienes del dominio privado que pertenecen al Estado Nacional, Provincial o Municipal entre los que se encuentran los inmuebles que carecen de dueño, las minas de oro, plata, piedras preciosas, sustancias fósiles (petróleo, carbón y gas) y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería. Pero también incluye a los lagos no navegables y todos los bienes adquiridos por el Estado Nacional, Provincial o Municipal por cualquier título. Es decir que quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución, por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos y también las empresas del Estado.

Esto implica poner a disposición de los acreedores los recursos naturales como garantía del pago de la deuda lo cual compromete el futuro de muchas generaciones de argentinos.

Estas medidas de gobierno que priorizan al endeudamiento externo, no hacen sino menoscabar la soberanía del Estado Argentino en desmedro de la creación de fuentes de trabajo, de los derechos de los trabajadores, de la industria nacional, de las PyMes, de la salud, de la educación, en suma en desmedro de la calidad de vida de los sectores más vulnerables del pueblo argentino, quienes se constituyen en la variable de ajuste de la economía como condición impuesta por los acreedores externos.

Estas sistemáticas medidas de gobierno, que sólo apuntan a beneficiar a los capitales concentrados, facilitar y promover la especulación financiera que sin dudas es soportada y será soportada en el futuro por el pueblo argentino, sumaron nuevos procesamientos a los funcionarios de Cambiemos iniciados por los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat en nombre del Instituto Arturo E. Sampay, quienes presentaron una demanda judicial contra el presidente Mauricio Macri, el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña Braun, y el Ministro de Finanzas de la Nación, Luis Andrés Caputo que intervinieron este año en las operaciones de deuda, acusándolos de "hipotecar” los recursos naturales de la República como garantía de pago.

Esta denuncia radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 a cargo de la Dra. María Romilda Servini de Cubria, supone la existencia de los delitos de "traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público”.

Estas medidas transgreden preceptos constitucionales como el artículo 124 de la Constitución Nacional, que en concordancia con el carácter de autónomas de las provincias establece que "…corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que tiene jerarquía constitucional, que establece que los recursos naturales son de titularidad de los pueblos y no de los gobiernos.

Es de extrema gravedad el endeudamiento en las condiciones pactadas con los acreedores externos, no puede pasar inadvertido y genera una enorme preocupación en quienes siempre estuvimos y estaremos a favor del desendeudamiento y de la lucha contra todo condicionamiento político exterior proveniente de organismos de crédito públicos o privados. Con mucho sacrificio el pueblo argentino canceló esa deuda externa que asfixió durante años a los sectores más vulnerables.

Queremos un Estado presente conducido por un gobierno con sensibilidad social, que tenga como norte la Justicia Social y no que acceda al poder con mentiras y una vez instalado en él vaya tomando medidas que claramente perjudican a todos los argentinos y constituyen un verdadero condicionamiento a la soberanía del Estado.

La Argentina ha soportado en el pasado las medidas tomadas por gobiernos como el de Mauricio Macri, y aún tiene frescas las heridas de la crisis de deuda del 2001-2002 y las apetencias de los buitres por apropiarse de los recursos naturales están más latentes que nunca.

Más allá la búsqueda de justicia que se pretende con las causas por los holdouts y el endeudamiento con entrega de los recursos naturales contra Macri, las mismas ponen en evidencia la verdadera intencionalidad de Cambiemos, un gobierno encabezado por funcionarios que hasta hace 16 meses revistaban como ejecutivos de multinacionales, entidades financieras extranjeras y grandes empresas locales.

No queremos volver a ese pasado, pensemos que un escenario de crisis de deuda similar al 2001-2002 no sólo pondría en jaque la gobernabilidad de la administración de turno sino que dejaría totalmente vulnerables a los argentinos respecto del control de nuestros recursos naturales.

(*) Concejal del Bloque FPV PJ "17 de octubre”