Decir una cosa hacer otra. Si pasa, pasa. Dar marcha atrás, volver a fojas cero

Como consecuencia de la forma republicana de gobierno establecida en el artículo 1º de la Constitución Nacional, tiene plena vigencia en nuestro país la división de funciones del poder del Estado, y por lo tanto, el Poder Judicial debe ser independiente del poder político.

Entonces, el fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso del represor y genocida Luis Muiña, que declaró aplicable el beneficio del 2 x 1, de la Ley Nº 24.390 (hoy derogada) en un caso de delitos de lesa humanidad, cometido durante la última dictadura, debe entenderse producto de la convicción libre de los tres jueces que lo votaron a favor.

Con este fallo los integrantes de la CSJN, el órgano de mayor jerarquía de la justicia argentina, ignoran la lucha de más de 40 años de los organismos de Derechos Humanos y de gran parte de la sociedad argentina; y premian a los militares y civiles que cometieron los delitos y vejámenes más terribles de nuestra historia, a quienes secuestraron bebés, a quienes violaron, torturaron, asesinaron y desaparecieron sistemáticamente, a quienes sembraron el terror para implantar un modelo económico de exclusión y de pobreza. Contradiciendo lo sostenido durante años por la doctrina de la misma corte.

Este fallo constituye un enorme retroceso en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, causa por la que nuestro país había sido reconocido internacionalmente durante los últimos años.

Si bien en un Estado de Derecho el Poder Judicial debe ser independiente, este desafortunado fallo, se dio en el marco de un contexto de retroceso en las políticas sobre Derechos Humanos, acorde con la concepción que al respecto tiene el gobierno de Mauricio Macri.

Y para analizar este contexto de retroceso se pueden enumerar ciertos hechos concretos del gobierno de Mauricio Macri y dichos de algunos de sus funcionarios:

Recordar que a dos de los tres jueces que votaron a favor del fallo, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Nación intentó nombrarlos mediante un decreto, a pocos días de iniciada su gestión y durante el receso del Congreso, violando los mecanismos constitucionales para efectuar tales nombramientos.

Durante el último año se sucedieron distintas declaraciones negacionistas por parte de los más altos funcionarios de gobierno, como el Ministro de Cultura y Educación de la Nación Esteban Bullrich, en oportunidad de acompañar al presidente Macri en una gira por Holanda, al visitar la casa de la emblemática víctima del Nazismo, tuvo una desafortunada expresión diciendo: "Que Ana Frank es un símbolo muy importante, especialmente trabajando en Educación". También, en un acto en la localidad Rionegrina de Choele Choel dijo que "la independencia se hace con educación, esta es la nueva campaña del Desierto, no con la espada sino con la educación”, reivindicando así el genocidio de los pueblos originarios en la Patagonia Argentina.

La banalización del genocidio Nazi por dichos de Jaime Durán Barba considerando a Hitler "buena gente”.

Declaraciones del Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural Claudio Avruj, quien cuestionó no sólo los 30.000 desaparecidos sino también los 6 millones de judíos, y quien, el 20 de marzo, junto a un asesor del Ministro de Justicia Germán Garavano, pidieron en Washington al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que durante su próxima visita a la Argentina recibieran a los familiares de los militares detenidos y abogaran por "la llamada reconciliación”.

La manifestación del ex Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido que declaró que el número de desaparecidos era 8630, según informe del Ministerio de Justicia y que había sido acordado en una mesa de negociación por los familiares de las víctimas a cambio de subsidios.

Declaraciones públicas del titular de la Aduana Gómez Centurión que directamente negó que en Argentina haya existido un plan sistemático para la desaparición de personas durante la última dictadura militar y se refirió a la cantidad de víctimas como "8000 personas muertas, que desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo 8000 verdades que 22 mil mentiras".

Y las gravísimas manifestaciones del propio Presidente Mauricio Macri quien dijo públicamente no tener ni idea de cuántos habían sido los desaparecidos y se refirió a la última dictadura como una "guerra sucia”. Siendo Mauricio Macri el primer presidente de la democracia que niega el terrorismo de estado y las 30 mil personas desaparecidas víctimas del genocidio, manifestando públicamente que "con él se iba a terminar con el curro de los derechos humanos”.

En oportunidad de celebrar el día del Ejército el 29 de mayo de 2016 Mauricio Macri anunció medidas que beneficiaban a la fuerzas militares que concretó mediante el decreto 721/2016, publicado en el Boletín Oficial el 1 de junio de 2016, derogando así el decreto N° 436 del 31 de enero de 1984 del entonces presidente Raúl Alfonsín y mantenido por todos los gobiernos hasta la fecha, en el sentido de restar autonomía a los militares y dejar en manos de los políticos elegidos democráticamente las decisiones vinculadas con la órbita castrense. De acuerdo a su decreto Macri da marcha atrás con el control civil sobre los militares devolviéndole autonomía a las fuerzas con el argumento de que "es necesario establecer procedimiento ágiles en la toma de decisiones en las Fuerzas Armadas”.

Otro antecedente importante a citar es que los legisladores de Unión Pro no votaron a favor de la ley 27.156 sancionada el 1 de julio de 2015 y promulgada el 24 de julio del mismo año, que prohíbe indultos, amnistías y conmutación de penas en delitos de lesa humanidad.

Este es el contexto en que se da el fallo de la corte. Todo lo dicho indica que la decisión mayoritaria expresada en el fallo, no es una decisión aislada, sino la manifestación fáctica de un cambio de época muy preocupante, que vuelve a sumergir al país en políticas de impunidad para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad durante los tiempos más oscuros que haya vivido nuestro país.

El contundente repudio popular, hizo que pasados unos días del fallo y para no dejar al descubierto la intencionalidad del gobierno de Cambiemos no les quedara otra alternativa que salir a repudiarlo como lo hizo el Jefe de Gabinete de Ministros Marcos Peña Braun, el ministro de Justicia Germán Garavano, el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, quien después de pronunciarse públicamente en apoyo de la sentencia, y sin preocuparse por la desprolijidad, salió a decir que "no tenía cabal conocimiento del fallo”.

Y recién después de la sanción de la ley interpretativa del congreso y la multitudinaria y contundente marcha de Plaza de Mayo replicada en todo el país, el presidente Macri felicitó al congreso por la celeridad y contrariamente a lo manifestado públicamente por él mismo y sus funcionarios, dijo "Estoy en contra de cualquier herramienta a favor de la Impunidad”.

Por la salud de nuestro Estado de Derecho quiero esforzarme por creer que no hubo operaciones políticas nigestores del fallo que desde las sombras "sugirieran” el sentido del pronunciamiento de la Corte, aprovechando la "independencia de criterio” de los dos nuevos jueces y la debilidad de la Jueza Elena Highton de Nolasco, que se encuentra dependiendo de un recurso de amparo para continuar en el cargo después de los 75 años.

Señores funcionarios "del mejor equipo de los últimos cincuenta años”: deben entender que el pueblo argentino conoce sus derechos y aprendió en los últimos años a ejercerlos y a exigir su cumplimiento, y no va a permitir ni un paso atrás ni que se vaya en contra de la voluntad de un pueblo que manifiesta hace 40 años una lucha inclaudicable por la memoria, la verdad y la justicia.

Claudia Bogliolo

Concejal Bloque FPV - PJ 17 de Octubre