CONFLICTO
Continúa la toma de terrenos en Moreno mientras la Justicia evalúa acciones
Una 500 familias comenzaron a establecerse pacíficamente desde el viernes pasado en los terrenos ubicados en el kilómetro 7,5 de la ruta 25 en esa localidad del Conurbano.
Una 500 familias continuaban hoy ocupando pacíficamente unos terrenos ubicados en el kilómetro 7,5 de la ruta 25 en la localidad de Moreno, en el oeste del conurbano bonaerense, mientras la Justicia evalúa las acciones a seguir en las próximas horas, aseguraron esta mañana fuentes judiciales.
"No hay orden de desalojo", precisó a Télam un vocero de la Fiscalía General de Moreno, tras añadir que "el fiscal está evaluando si cuenta con los elementos suficientes para requerirla al Juzgado de Garantías, pero lo va a terminar de definir en las próximas 48 horas".
Las familias, provenientes de distintas localidades cercanas, comenzaron a establecerse en el predio desde el viernes pasado debido a que, en su mayoría, afirman que se quedaron sin trabajo o no les alcanza para pagar un alquiler.
Durante estos días, las familias, en general numerosas, fueron parcelando el territorio y armando viviendas precarias con palos para sostener los plásticos y lonas que funcionan de techo, mientras que algunas pocas construyeron casillas de material.
La intendencia, a cargo de Walter Festa, dio intervención a la Justicia, y la causa quedó en manos del Juzgado de Garantías número 1, a cargo de Adriana Julián, y de la UFI 5 de Moreno, a cargo del fiscal Emiliano Buscaglia.
Se trata de un predio de 250 hectáreas -ubicado en la ruta 25, a la altura del kilómetro 5, en Moreno- pertenece a 17 dueños bajo la forma de condominio. El decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón, Antonio Angrisani, precisó en diálogo con Télam que las hectáreas que pertenecen a la universidad no fueron afectadas por la toma, como se informara en algunos medios. Sus terrenos, hasta el día de hoy, se encuentran a 300 metros del predio que es propiedad de la universidad.
"En un primer momento parecía que eran 300 familias, pero se fueron sumando y calculamos que ahora son unas 500, aunque es un número muy móvil, porque son grupos familiares y algunos van y vienen", aseguró a Télam una fuente municipal.
En tanto, desde el gobierno nacional, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que este tipo de tomas de tierras "responden a dos componentes: el déficit habitacional, con más de 3,5 millones de familias con problemas de viviendas, y mafias que especulan con esta necesidad de la gente".
"En general este tipo de tomas que no son de ahora, sino de hace años, tienen una combinación de las dos cosas", dijo el ministro del Interior en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.
Por otro lado, fuentes judiciales consignaron que el trabajo que lleva adelante la UFI 5 está centrado, por el momento, en la recolección de pruebas y si bien señalaron que existe una actitud "hostil" por parte de los ocupantes, señalaron que se intentará "comprobar el ilícito, pero preservando a la gente".
"Se está trabajando en la recolección de testimonios, comprobando la posesión y la titularidad del terreno", según explicaron a Télam.
Si bien fuentes de la Fiscalía señalaron que aún no había sido dictada una orden de desalojo, fuentes oficiales indicaron que la jueza Julián ya habría ordenado el desalojo y que se analizaba junto a la Policía Bonaerense -encargada de instrumentar el operativo- el momento oportuno para llevarlo adelante.
En cuanto a las supuestas motivaciones políticas de la toma, desde la municipalidad que conduce Festa, sindicaron al ex intendente Mariano West como el responsable de llevar la gente a ese lugar con punteros políticos y micros escolares, aprovechando "la gran cantidad de gente que hay en disponibilidad producto de la situación económica y social".
"El municipio nada tiene que ver con la toma y sería una lectura muy equivocada pensar que podemos promover algo que afecta a nuestro propio distrito", dijeron a Télam fuentes cercanas al jefe comunal.
Desde el municipio, y a través del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (Iduar) de Moreno, se inició esta semana un trabajo de censar y dialogar con las familias ocupantes del predio.
En tanto, los testimonios ante los móviles de los canales de televisión dan cuenta de que mucha gente no tiene "para pagar un alquiler; o hacemos esto o nos tenemos que ir con nuestros hijos a vivir abajo de un puente", se quejaba una mujer, coincidiendo con muchas otras personas que estaban en el lugar, mientras gran cantidad de chicos correteaba por los terrenos despoblados.
Otra mujer aclaraba ante los medios que "estamos esperando una solución, que nos ayude el gobierno, la plata no nos alcanza y muchos de nosotros estamos sin trabajo, acá hay mucha necesidad, pero no somos ladrones y no queremos que nos regalen nada".
Fuentes institucionales locales plantearon expectativas para encontrar una solución a través de un acuerdo, y "la intervención policial en el lugar está tratando de que no se amplíe la cantidad de gente que ya ingresó", aclaró el vocero judicial.
"No hay orden de desalojo", precisó a Télam un vocero de la Fiscalía General de Moreno, tras añadir que "el fiscal está evaluando si cuenta con los elementos suficientes para requerirla al Juzgado de Garantías, pero lo va a terminar de definir en las próximas 48 horas".
Las familias, provenientes de distintas localidades cercanas, comenzaron a establecerse en el predio desde el viernes pasado debido a que, en su mayoría, afirman que se quedaron sin trabajo o no les alcanza para pagar un alquiler.
Durante estos días, las familias, en general numerosas, fueron parcelando el territorio y armando viviendas precarias con palos para sostener los plásticos y lonas que funcionan de techo, mientras que algunas pocas construyeron casillas de material.
La intendencia, a cargo de Walter Festa, dio intervención a la Justicia, y la causa quedó en manos del Juzgado de Garantías número 1, a cargo de Adriana Julián, y de la UFI 5 de Moreno, a cargo del fiscal Emiliano Buscaglia.
Se trata de un predio de 250 hectáreas -ubicado en la ruta 25, a la altura del kilómetro 5, en Moreno- pertenece a 17 dueños bajo la forma de condominio. El decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón, Antonio Angrisani, precisó en diálogo con Télam que las hectáreas que pertenecen a la universidad no fueron afectadas por la toma, como se informara en algunos medios. Sus terrenos, hasta el día de hoy, se encuentran a 300 metros del predio que es propiedad de la universidad.
"En un primer momento parecía que eran 300 familias, pero se fueron sumando y calculamos que ahora son unas 500, aunque es un número muy móvil, porque son grupos familiares y algunos van y vienen", aseguró a Télam una fuente municipal.
En tanto, desde el gobierno nacional, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo que este tipo de tomas de tierras "responden a dos componentes: el déficit habitacional, con más de 3,5 millones de familias con problemas de viviendas, y mafias que especulan con esta necesidad de la gente".
"En general este tipo de tomas que no son de ahora, sino de hace años, tienen una combinación de las dos cosas", dijo el ministro del Interior en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.
Por otro lado, fuentes judiciales consignaron que el trabajo que lleva adelante la UFI 5 está centrado, por el momento, en la recolección de pruebas y si bien señalaron que existe una actitud "hostil" por parte de los ocupantes, señalaron que se intentará "comprobar el ilícito, pero preservando a la gente".
"Se está trabajando en la recolección de testimonios, comprobando la posesión y la titularidad del terreno", según explicaron a Télam.
Si bien fuentes de la Fiscalía señalaron que aún no había sido dictada una orden de desalojo, fuentes oficiales indicaron que la jueza Julián ya habría ordenado el desalojo y que se analizaba junto a la Policía Bonaerense -encargada de instrumentar el operativo- el momento oportuno para llevarlo adelante.
En cuanto a las supuestas motivaciones políticas de la toma, desde la municipalidad que conduce Festa, sindicaron al ex intendente Mariano West como el responsable de llevar la gente a ese lugar con punteros políticos y micros escolares, aprovechando "la gran cantidad de gente que hay en disponibilidad producto de la situación económica y social".
"El municipio nada tiene que ver con la toma y sería una lectura muy equivocada pensar que podemos promover algo que afecta a nuestro propio distrito", dijeron a Télam fuentes cercanas al jefe comunal.
Desde el municipio, y a través del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (Iduar) de Moreno, se inició esta semana un trabajo de censar y dialogar con las familias ocupantes del predio.
En tanto, los testimonios ante los móviles de los canales de televisión dan cuenta de que mucha gente no tiene "para pagar un alquiler; o hacemos esto o nos tenemos que ir con nuestros hijos a vivir abajo de un puente", se quejaba una mujer, coincidiendo con muchas otras personas que estaban en el lugar, mientras gran cantidad de chicos correteaba por los terrenos despoblados.
Otra mujer aclaraba ante los medios que "estamos esperando una solución, que nos ayude el gobierno, la plata no nos alcanza y muchos de nosotros estamos sin trabajo, acá hay mucha necesidad, pero no somos ladrones y no queremos que nos regalen nada".
Fuentes institucionales locales plantearon expectativas para encontrar una solución a través de un acuerdo, y "la intervención policial en el lugar está tratando de que no se amplíe la cantidad de gente que ya ingresó", aclaró el vocero judicial.