Un comisario es dueño de flota de helicópteros y de más de cien propiedades

La causa del "policía millonario”, tal como se la conoce el caso del comisario general Néstor Omar Martin, es una derivación del decreto que obligó a los jefes de la Policía Bonaerense a presentar sus declaraciones juradas de bienes.

Según el expediente judicial de Martín, el ex responsable de Coordinación Operativa de la Bonaerense tendría una flota de helicópteros, 101 terrenos en La Plata y hasta acciones en fondos comunes que manejan pases de jugadores de fútbol.

La Auditoría de Asuntos Internos se presentó ante el fiscal penal platense Marcelo Romero y poco después Martín declaró ante la Escribanía General de Gobierno un total de 4.022.108 pesos, que incluyen siete propiedades inmuebles en La Plata; un helicóptero "experimental” valuado en 400 mil pesos y otros bienes.

Esta pequeña fortuna resultaba incompatible para un funcionario que cobraba poco más de 42 mil pesos como comisario general. De hecho, Martín era el integrante de la cúpula que mayor patrimonio exhibía.

Por esto mismo, los auditores comenzaron a reunir testimonios y allí comenzaron a aparecer sorpresas. Bajo reserva de identidad se presentaron testigos que aportaron más datos: que Martín sería poseedor de un predio en la periferia de La Plata que fue subdividido en 101 lotes aptos para la construcción de viviendas. Y que el ahora policía retirado sería propietario de una "flota” de helicópteros que alquilaba.

Como toda la información está siendo verificada, el fiscal Romero confirmó a Clarín que envió oficios a la AFIP, a ARBA, a dependencias de aeronavegación y a otros organismos para avanzar con el expediente. Y reclamó informes al Registro de Propiedad de Nación y Provincia, al Registro de Embarcaciones, el Registro de Aeronaves, a empresas privadas de aviación y al Banco Central para certificar las propiedades a su nombre.

Por ahora, la sospecha es por "enriquecimiento ilícito” pero también podría derivar en otros delitos de jurisdicción federal.

Martín es un contador que pasó casi 30 años en la Fuerza, pero siempre se desempeñó en sectores administrativos.

En los ‘90 estuvo como "coordinador” de la Departamental La Plata, un lugar estratégico para el manejo de fondos que no siempre tiene una auditoría contable prolija: las horas Cores; los Polad (Policía Adicional, para custodia de puntos fijos) y los viáticos policiales. Ingresó a la institución en el escalafón "administrativo”. Es decir, no tenía mando de tropa. "Nunca estuvo en la calle o al frente de una comisaría”, contó a Clarín un oficial retirado.

Pero supo vincularse con los sectores políticos y hasta judiciales en la capital bonaerense hasta que llegó a la cúpula de la Policía para ocupar la Superitendencia de Coordinación Operativa.

Es decir, estaba a cargo de la coordinación de todas las seccionales provinciales donde estuvo casi ocho años. "Pasaban los gobernadores y varios ministros de Seguridad y Martín siempre permanecía en su puesto”, agregó el informante.

Cuando la declaración jurada de Martín de inmediato se puso bajo la lupa de Asuntos Internos fue desplazado y pasó a retiro.

En abril último, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un decreto para que 3.000 jefes policiales presenten la declaración jurada de bienes, cuyo plazo vencía a fines de julio. Algunos se demoraron y 154 fueron sancionados.

Por ahora, el caso de Martín es el único con proceso judicial por enriquecimiento ilícito.